La presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó ayer en la Platja de Palma un plan para la reconversión de establecimientos hoteleros obsoletos en viviendas sociales. La medida, dotada con 16 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, pretende sacar del mercado una oferta de alojamiento que daña la reputación de Balears como destino turístico de calidad y que se concentra en diversos enclaves de Mallorca y Eivissa. La idea, justo es reconocerlo, no es nueva. En 2003, hace dos décadas, se derribó el hotel Ditos de Cas Català con cargo a la recaudación de la ecotasa para abrir un mirador sobre la playa. Desde entonces hasta ahora, todas las acciones han sido puntuales.
Un plan estratégico.
La persistencia de la idea confirma la necesidad de eliminar la oferta que está instalada en la marginalidad del mercado turístico, la mayoría destinada a dar alojamiento al llamado turismo de borrachera; un fenómeno de alcance mundial que Balears no logra eliminar a pesar de sus consecuencias negativas en todos los órdenes. Una acción eficaz requiere de intervenciones muy precisas y costosas, además de las dudas que plantea la posible reconversión de estos edificios en viviendas sociales. Da la impresión que se ha vuelto a pecar de un exceso de voluntarismo en una cuestión tan necesaria como delicada.
Fondos suficientes.
La dotación de 16 millones de euros con la que la presidenta Armengol dijo que se pretendía poner en marcha este proyecto es a todas luces insuficiente, más si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Estamos, en todo caso, ante una iniciativa testimonial. El Govern debe arbitrar un plan financiero solvente y comprometer a empresarios e instituciones si de verdad se quiere dar credibilidad al fin de una oferta cuyos costes sociales superan con creces los posibles beneficios.