El Ajuntament de Muro se siente «desamparado» por el Govern balear y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante la situación de la depuradora de Son Bosc, situada en el núcleo turístico de Platges de Muro e insuficiente desde hace décadas porque recibe también las aguas residuales de Can Picafort, otra zona turística que pertenece al municipio vecino de Santa Margalida y que ha crecido en pisos y hoteles durante los últimos años pese a no tener garantizada la depuración.
El alcalde de Muro, Miquel Porquer, denuncia que «en febrero de este año hubo una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a nuestros intereses y se tiene que cumplir; nos sentimos totalmente indefensos, mientras pasan los años y no se llega a ninguna solución». La pasada legislatura hubo varias reuniones para zanjar este conflicto, con resultado infructuoso. «He puesto el tema en conocimiento del nuevo director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, y espero que se hagan avances porque quienes sufrimos los malos olores y vertidos, dando una mala imagen y molestias, somos los vecinos de Platges de Muro», apunta con indignacion.
Desde hace mas de tres décadas está pendiente la ejecución de un convenio a tres bandas firmado en 1989 por los ayuntamientos de Muro y de Santa Margalida, además de Abaqua, la agencia del agua del Govern balear, que gestiona la mayoría de depuradoras. En aquel convenio, las partes se comprometían a construir una segunda estación depuradora en Can Picafort y que la actual planta de Son Bosc diera servicio exclusivamente a Platges de Muro. Poco después llegó a la alcaldía de Santa Margalida el actual alcalde, Joan Monjo, e inició una oposición al proyecto, retrasándolo durante 34 años con una batalla de recursos y pleitos.
El origen
En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) anuló un acuerdo de pleno del Ajuntament de Santa Margalida que daba por finiquitado el convenio que obligaba a construir la futura EDAR de Can Picafort. A pesar de que el ayuntamiento presidido por Joan Monjo recurrió esta setencia, en febrero de 2023 el Tribunal Supremo la validó y con ello reiteró que Santa Margalida no tiene potestad para anular aquel convenio por su cuenta.
El proyecto de la depuradora está previsto en los Presupuetos Generales del Estado año tras año, sin embargo, la férrea oposición judicial que planta el Ajuntament de Santa Margalida ha retrasado durante décadas su ejecución. Hace dos años caducó incluso el documento de impacto ambiental previo y en julio de este año el Gobierno central ha sacado a concurso la redacción del proyecto. Todo parece indicar que el Gobierno central no ha descartado esta infraestructura que debe evitar los actuales vertidos al parque natural de s'Albufera, o muy cerca de sus límites.
Monjo defiende su oposición a construir la planta porque está contemplada con un emisario marino frente a la playa de son Bauló, mientras que él quiere que sea con depuración terciaria para regadío. La pasada legislatura Recursos Hídrics no avaló este cambio porque el agua residual de Can Picafort está salinizada y porque retrasaría su ejecución al tener que redactar un proyecto nuevo. El nuevo Govern de Prohens en Baleares aún no se ha pronunciado sobre este conflicto enquistado entre dos municipios vecinos y turísticos de Mallorca.