La decisión del Ajuntament de sa Pobla de presentar un recurso contencioso administrativo contra la declaración de utilidad pública de un nuevo parque fotovoltaico de 43.000 metros cuadrados a escasos metros de viviendas en el acceso por Llubí no será el único o el último, según prevé el GOB.
La portavoz de la entidad, Margalida Ramis, estuvo presente en la reunión del miércoles entre representantes municipales y vecinos afectados por este proyecto. Al finalizar el encuentro manifestó que «el Govern ha realizado una planificación desde el punto de vista energético que ahora se pretende imponer a los municipios. Al no haber ninguna ordenación territorial de estas infraestructuras, algo que hubiera implicado un proceso de planificación y evaluación más profundo y global para priorizar dónde instalar las placas, ahora a los ayuntamientos les empiezan a llover pequeños parques fotovoltaicos de iniciativa privada y que cuentan con el beneplácito del Govern».
Para el GOB, «en sa Pobla ya ha habido oposición vecinal que ha acudido a la administración más cercana: el Ajuntament. No será el único caso porque ya se ha visto que otros municipios como Muro, Santa Eugènia, Sencelles, Selva o Petra se están produciendo los mismos movimientos»
Por su parte, el director general de Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava, ha mostrado este jueves su sorpresa por la decisión del Ajuntament de ir por la vía judicial. «En junio de 2022 informamos al Ajuntament y al Consell del proyecto y de su declaración de utilidad pública. El Consell nos contestó pero del consistorio no recibimos ninguna alegación o informe, por lo que legalmente se entendió su conformidad».
Malagrava entiende que «el proceso de cambio de modelo energético acarree una serie de tensiones, pero la población debe entender que instalar placas en polígonos y cubiertas no es suficiente. Hay que hacer uso de zonas perirubanas donde el Consell permite el crecimiento urbanístico o de dotaciones, como es el caso del solar en cuestión de sa Pobla».
El PP de sa Pobla, en la oposición, recuerda a través de su portavoz Violeta Rodríguez que «además de dar apoyo a los vecinos debemos recordar que en el pleno del 1 de diciembre pedimos por el proyecto y nos dijeron que el Ajuntament no tenía ninguna competencia y dos días después salió la declaración de utilidad pública en el BOIB. Entendemos que la presentación del recurso contencioso administrativo por parte del Ajuntament puede estar fuera de plazo ya».