La Conselleria d'Agricultura ha hecho balance de su apuesta por impulsar la transición de la producción agraria industrial a un modelo de agricultura y ganadería ecológicas y sostenibles. En 2023 prevé incrementar de los 2,2 millones de euros actuales hasta 3,1 millones la partida destinada a ayudas al sector ecológico, además de una reserva económica de 400 euros por hectárea. Estas ayudas generalmente no se agotan, pues no todos los solicitantes cumplen los requisitos exigidos.
Agricultura ha confiado a APAEMA, la asociación de productores agrarios ecológicos de Mallorca, la confección de un diagnóstico del sector, por un importe de 56.000 euros. Las cifras que maneja la Conselleria son optimistas. En 2021, de los 101 jóvenes que recibieron ayudas para incorporarse al sector primario, 54 eran de producción ecológica. Por este concepto, un joven agricultor ecológico recibe una mayor compensación que uno convencional. «El importe medio de ayudas que recibe un joven que se incorpora al sector es de 48.000 euros, diez mil euros más que si no es ecológico», apunta el director general de Agricultura, Fernando Fernández.
El objetivo que se marca el Govern es cumplir la directiva europea de que, en 2030, un 25 por ciento de la Superficie Agrícola Útil sea ecológica. «Si avanzamos al ritmo que hemos visto en Balears entre 2014 y 2020, con un crecimiento anual del 6,5 por ciento de media, lo conseguiremos antes; pero es un proceso, por el camino tenemos que atender a todo el sector», añade. las Illes Balears ocupan el cuarto lugar del Estado en implantación de la producción ecológica, una actividad que se bonifica con las mismas ayudas que el resto de agricultores, más una prima. «La prima media por hectárea en 2015 era de 174,12 euros; ha ido incrementando cada año hasta los 214,97 euros en 2021, mientras que el importe medio estatal está en 157,30 euros». Además de las ayudas por cultivo o ganadería, una línea única en Balears subvenciona con hasta 90.000 euros al año los gastos propios de la estructura organizativa y de los controles obligatorios; y desde 2019, una segunda línea complementaria para subvencionar la promoción y comercialización de los productos con distintivos de calidad, como los ecológicos, con DOP o IGP.