La Mancomunitat del Raiguer acordó este martes imponer una sanción de 20.000 euros a la empresa concesionaria de la recogida de basuras por la deficiente prestación del servicio que viene realizando desde hace semanas en los 11 municipios que forman la entidad supramunicipal. Además, la entidad supramunicipal reclamará a la concesionaria otros 40.000 euros en concepto de perjuicios ocasionados por la mezcla de dos fracciones distintas, que no se pudieron reciclar y terminaron en la incineradora con el resto del rebuig (todos los residuos que no se pueden reciclar). Así lo acordaron ayer los alcaldes y concejales de medioambiente de la comarca tras reunirse y manifestar todos su descontento por la prestación del servicio, básicamente porque se dejan calles sin recoger y no se vacían los Puntos Verdes municipales con la frecuencia estipulada en el contrato.
El presidente de la Mancomunitat y alcalde de Consell, Andreu Isern (PSOE), explica que «hemos podido comprobar que puntualmente, hubo unos días que mezclaron dos fracciones, la orgánica y los envases que los vecinos habían separado en sus casas y nos dieron un doble perjuicio, por un lado tenemos que pagar por su incineración, que es muy cara, y por otro, no hemos podido obtener los ingresos que nos genera el reciclaje». La entidad ha calculado en 40.000 euros el alcance de estos perjuicios y los reclamará a la concesionaria por los canales legales, aunque asume que el asunto puede terminar en los tribunales.
Por otra parte, se acordó abrir un expediente de sanción de 20.000 euros por este incidente, que consideran como «falta muy grave». Además, los ediles comunicaron numerosas incidencias y quejas por lo ocurrido en sus respectivos municipios, y que han tenido que resolver recogiendo las basuras con las brigadas municipales para depositarlas en sus puntos verdes y almacenes. «No podíamos dejar este espectáculo vergonzoso en la calle, porque los vecinos han separado bien en sus casas y no tienen la culpa», añadió el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP). La Mancomunitat se volverá a reunir la próxima semana para valorar nuevas acciones. El contrato se adjudicó en septiembre de 2021 y por normativa, no se puede revisar hasta pasados dos años. «No quisiéramos tener que rescindirlo, pero la posibilidad está sobre la mesa porque la empresa no cumple», admite Isern.