La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias de investigación penal sobre el medio ambiente en relación a la depuradora de Son Bosc, situada en Platges de Muro y que recibe también las aguas residuales de Can Picafort.
En sendos oficios remitidos el pasado 29 de septiembre a los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida la fiscal María Rosario García requiere que «informen acerca de las medidas adoptadas en relación al tratamiento de las aguas residuales de la costa de Muro y Can Picafort por la problemática derivada del funcionamiento de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales)». La Fiscalía también requiere información sobre los trámites llevados a cabo para la construcción de una nueva depuradora en Santa Margalida.
Ambos ayuntamientos temen que estas diligencias guarden relación con una denuncia de delito ambiental por la incapacidad de la depuradora de tratar las aguas residuales procedentes de ambas zonas turísticas. Un problema que causa un grave impacto en el medio ambiente, pues la depuradora de Son Bosc está situada muy cerca del Parc Natural de s'Albufera y la estación impulsora de las aguas de Can Picafort está ubicada dentro de los terrenos del parque, en Ses Salinetes. Los vertidos por averías en las canalizaciones y la infiltración de aguas mal depuradas en pozos del término de Santa Margalida podrían estar detrás del delito medioambiental.
Hace unas semanas los alcaldes de Muro, Toni Serra, y de Santa Margalida, Joan Monjo, se reunieron en la Conselleria de Medi Ambient con el director gerente de Abaqua, Guillem Rosselló, y la directora general de Residus Hídrics, Joana Garau, para tratar sobre el convenio que mantienen a tres bandas para la gestión de la depuradora y la construcción de una nueva planta que asumiera las aguas de Can Picafort, de modo que estos núcleos turísticos vecinos tuvieran cada uno su depuradora. Esta reunión terminó sin acuerdo. Por una parte, Abaqua y Monjo están dispuestos a dar por vencido el convenio y ya han acordado aparcar el proyecto de construcción de la nueva depuradora de Can Picafort y su polémico emisario submarino, que ya estaba en fase de licitación. Muro, por su parte, se opone al vencimiento de estos acuerdos ante el temor de que «Santa Margalida tarde diez años más en construir su propia depuradora, y mientras tanto, la de Son Bosc continúa vertiendo aguas mal depuradas».
Por otra parte, desde la Conselleria de Medi Ambient i Territori se niega tener constancia de ningún requerimiento de este tipo y recuerdan que el último informe de la Agencia Balear del Agua sobre el rendimiento de las EDAR de las Islas Baleares determina que en 2019 cumplía con los parámetros legales, circunstancia que atribuyen a las inversiones que se hicieron durante la pasada legislatura.