El ascensor panorámico de Lloret vuelve a estar operativo. Este miércoles la Agència de Defensa del Territori (ADT) levantó la orden de precinto de la instalación que había ejectutado el pasado 18 de febrero al entender que el ascensor no se ajusta a la legalidad. Con esta decisión el organismo de disciplina urbanística dependiente del Consell de Mallorca cumple las medidas cautelares solicitadas por el Ajuntament de Lloret en el recurso contencioso administrativo presentado el pasado día 5 de marzo contra la decisión tomada por la ADT de suspender el funcionamiento del ascensor que une el casco antiguo y el Convent, con los solares de Baix de sa Riba, junto al colegio.
En este contencioso interpuesto por el Ajuntament el pasado 5 de marzo, se pide como medidas cautelares la retirada del precinto y puesta en marcha del ascensor, mientras se dirime el asunto en los tribunales, y a la vez, se tramita en el mismo Consell de Mallorca el interés general para estos solares, de modo que se pueda legalizar su uso como aparcamiento.
Satisfacción municipal
El alcalde de Lloret, Antoni Benàssar (Endavant Lloret), mostró su satisfacción por la reapertura del ascensor. «Con su precinto se vulneraban los derechos de las personas más vulnerables, las que tienen dificultades de movilidad, y de todos los vecinos que lo usan para ir a la escuela».
Cabe recordar que este ascensor fue inaugurado en febrero de 2019, con un coste de 239.000 euros subvencionados íntegramente por el área de Cooperació Local del Consell. Un año más tarde, la ADT, dependiente de Urbanismo del propio Consell, ordenaba su precinto.
Un urbanismo condicionado por la calificación de Baix de sa Riba
El Ajuntament de Lloret lleva años tramitando una petición para que los solares rústicos que separan el casco urbano del colegio y la guardería sean declarados de interés general y puedan albergar un aparcamiento legal, dotado de servicios.
La ADT considera que el ascensor no es legal debido a que una de sus paradas está en suelo rústico, mientras que el Ajuntament defiende la supremacía de la ley de accesibilidad universal.