Las normativas urbanísticas vigentes en los municipios de la Part Forana (los que la tienen) presentan un desfase medio de 23 años. Una regulación obsoleta que, atendiendo al promedio señalado, nos retrotraen a 1996. Una fecha en la que la Mallorca de entonces a la actual se parece lo que un huevo a una castaña.
Sólo en lo tocante a datos demográficos y turísticos recogidos por el INE y el Ibestat, podemos señalar que, en los últimos 23 años, la población residente en los pueblos de la Isla ha crecido en 165.552 personas, lo que representa una incremento de presión demográfica del 54,2 por ciento más. En cuanto a la llegada de turistas (sólo por vía aérea), esta ha crecido en un 133,8 por ciento, pasando de 6,2 millones de viajeros en 1996 a 14,5; lo que significa una suma de 8,3 millones de turistas a 31 de diciembre de 2018.
De todos los municipios con normativa urbanística obsoleta, el que se lleva la palma es el de Felanitx, cuyo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1969, mientras que el que cuenta con un planeamiento con mayor grado de actualización es Costitx, cuyas reglas del juego urbanístico se actualizaron en 2017 con la redacción y aprobación definitiva de una nuevas normas subsidiarias (NNSS) y su adaptación al Plan Territorial de Mallorca (PTM). Una marco legal supramunicipal, cuya entrada en vigor durante la legislatura 2003–2007, tampoco ha servido para incentivar la puesta al día de la normativa urbanística local.
De hecho, según fuentes del departamento de Territori del Consell de Mallorca, desde 2005 sólo siete municipios han adaptado su planeamiento al PTM. Además de Costitx, lo han hecho Inca, Artà, Son Servera, Alcúdia, Sant Joan y Calvià. Este último ha iniciado en esta legislatura la redacción de un nuevo PGOU adaptado a la nueva realidad social del que es el municipio más poblado de la Part Forana y uno de los que reciben mayor número de turistas de España. El resto han intentado salvar los efectos del desfase y obsolescencia de sus PGOU, NNSS y delimitaciones de suelo en vigor (algunos en revisión o pendientes de aprobación definitiva) mediante la introducción de modificaciones puntuales.
Los alcaldes de los municipios pequeños se quejan de la falta de recursos para acometer las revisiones. En respuesta, el Consell ha lanzado una línea de ayudas para los de menos de 5.000 habitantes. De momento se han apuntado Selva, Estellencs, Maria, Lloret y Ariany.