El Ajuntament de Muro ha contratado una empresa de detectives privados para combatir los vertidos ilegales de residuos en fora vila. De momento, las investigaciones efectuadas por esa empresa (GesInforma) han dado lugar a la apertura de al menos tres expedientes que, al amparo de la normativa, podrían acabar con la imposición de multas de un máximo de 9.000 euros.
«Hemos contratado a esta empresa para tener un control fehaciente de los puntos con contenedores que tenemos en suelo rústico», justificó la iniciativa Martí Fornés, el alcalde. Fornés recordó que Muro –sucede los mismo en otras localidades de la Part Forana– padece un problema de vertidos ilegales de residuos. Se trata de infractores que, en lugar de acudir al punto verde preceptivo, abandonan colchones, electrodomésticos u otros residuos no autorizados en puntos con contenedores ubicados fuera del núcleo urbano. En los contenedores verdes únicamente se pueden dejar bolsas de rechazo (basura no reciclable) y en ningún caso voluminosos u otro tipo de residuos, que deben depositarse en el punto verde. Muro tiene una treintena de puntos de recogida de rechazo en fora vila.
Expedientes
Al detectar una infracción, la empresa de espionaje elabora un informe con una descripción de los residuos depositados, el número de matrícula del vehículo del infractor, fotos y otros datos y lo remite a la junta de gobierno local, que a su turno acuerda abrir un expediente. Hasta la fecha se han incoado como mínimo tres expedientes amparados en la ley de residuos autonómica de 2011, que contempla sanciones de entre 900 euros y 9.000 para este tipo de infracciones.
Més per Muro, en la oposición, desconfía del método elegido por el gobierno municipal. El regidor Miquel À. Tortell señaló que la contratación GesInforma se hizo «a escondidas» y que este sistema, al recibir los regidores directamente de los detectives los informes, sin más mecanismos de fiscalización y control administrativos, «permite a la junta de gobierno denunciar a la carta», a unos sí y a otros no. El edil indicó en este sentido que hasta la fecha se ha multado a un vecino de Maria , a otro de Can Picafort y a «un murer poco arraigado», manifestando así su extrañeza ante el hecho de que ningún murer de toda la vida haya sido denunciado. El concejal de Més considera, además, que el método puede ser utilizado por el gobierno «como un sistema de conseguir votos».
Fornés rechazó las acusaciones. «Solo faltaría que multáramos a los de otros pueblos y no a los de aquí. Será por azar que hasta la fecha solo se ha detectado a gente de fora vila», aseguró. El alcalde defendió la validez del método y recordó que la concesionaria de la recogida de basuras deberá hacer esta vigilancia a partir del 1 de enero por su cuenta, ya que figura en el contrato.