El pleno del Ajuntament de Lloseta aprobó este lunes con 7 votos a favor y 6 en contra solicitar al Consell que rebaje el grado de protección patrimonial del Palau d'Aiamans, uno de los edificios de más interés y más emblemáticos del pueblo. Parte de la oposición criticó con dureza la iniciativa, detrás de la cual denunciaron la existencia de «intereses ocultos».
La votación puso de manifiesto las diferencias que la desprotección levanta entre el equipo de gobierno, el PSOE y la oposición. Votaron a favor el propio alcalde y otros dos regidores socialistas, los dos del PP y las dos ediles no adscritas que se presentaron por el PI. En cambio, votaron en contra una edil socialista (Antònia Massanet), los dos regidores de Més –del equipo de gobierno junto SOE– y los dos de SI (Socialistes Independents de Lloseta).
La propuesta aprobada solicita al Consell que rebaje de Bien de Interés Cultural (BIC, máximo grado de protección) a Bien Catalogado (BC, un nivel inferior menos exigente) el Palau d'Aiamans. Su argumento principal es facilitar al propietario (una empresa ubicada en Madrid) que pueda «desarrollar un proyecto» sin concretar para evitar la degradación del inmueble. En reuniones anteriores, la propiedad había dicho al Ajuntament que con el BIC no les sale a cuenta llevarlo a cabo. Los partidarios de la rebaja esgrimieron otras razones: que la propiedad podría jugar la carta de solicitar la expropiación forzosa, lo que «llevaría el Consistorio a la ruina»; que el proyecto crearía puestos de trabajo y alentaría la economía del pueblo; o que las arcas municipales ingresarán 48.000 euros al año en IBI (los BIC no pagan, los BC sí).
Joan Servera, teniente de alcalde por Més, defendió que la propiedad pueda hacer su proyecto respetando los límites del BIC y recordó que él mismo se ha ofrecido a reunirse con el Consell para conocer si el proyecto es compatible con las restricciones que el BIC impone. Servera expresó su desconfianza con lo que pueda hacer la propiedad una vez rebajada la protección: «No nos ha dicho nada claro», lamentó.
Tolo Moyà, exalcalde y único regidor del PI, preguntó al alcalde por qué «hay tantas prisas» en disminuir la protección y denunció la existencia de «intereses». Moyà cree que la propiedad desea vender el inmueble y que será más fácil deshacerse de él (o a mejor precio) si no está protegido como BIC. El exalcalde avisó de que el régimen de visitas se perderá con la desprotección y finalizó su discurso asegurando que «no facilitaré que los llosetins puedan decir algún día que aquí había el Palau d'Aiamans y ya no está». La portavoz de SI, Pepi González, recordó la lucha del exalcalde del PSOE Miquel Pons por declarar BIC el Palau y denunció que el actual, Xema Muñoz, «mira más por la propiedad que por el pueblo». González también recordó que cuando los dueños lo adquirieron (para hacer un restaurante vinculado a Ferran Adrià) ya era BIC. «Nos preguntamos qué intereses soterrados hay tras la rebaja», dijo.