Alberto Encinas es un joven padre residente en Pollença que lleva tres años sin ver a su hija, víctima de un secuestro parental desde diciembre de 2011. Pollença se vuelca estos días en la organización de una diada benéfica (el 22 de abril en la pizzeria Obris) con el objetivo de recaudar fondos para continuar su búsqueda.
—¿Cómo perdió la pista de Olivia?
—Tras la separación, acordamos la custodia compartida. En diciembre de 2011 la madre se marchó de vacaciones a Polonia con los abuelos y no volvió. Dos años después, un tribunal de Polonia ordenó la restitución de la hija a su padre. Tengo reconocida también la custodia total y la patria potestad en España y, desde 2014, Olivia figura en la página de desaparecidos de la policía polaca. Hay un auto de búsqueda, detención y captura contra la madre, pero la policía polaca no la detiene y sospechamos que no lo hará.
—Hoy por hoy ¿conoce su localización exacta?
—Tenemos una idea aproximada. En diciembre, investigando en Polonia, descubrí que estaba matriculada en una escuela a 50 metros de una comisaría. Nos personamos con la policía y hablamos con la directora, que nos dijo que le había alargado las vacaciones y que volviéramos en una semana. A partir de entonces le perdimos el rastro. La directora la autorizó a hacer homeschooling (escuela en casa) sabiendo que es víctima de un secuestro.
—Ante esta situación ¿qué opciones le quedan?
—Que los políticos españoles decidan intervenir. Necesitamos que la policía española se desplace y presione a la polaca. Se llenan la boca con la marca España, pero se permite el secuestro de una niña española. No concibo esta situación de desamparo. Hace una semana entregamos un dossier de 200 páginas explicando el caso al Defensor del Pueblo, el consulado de Polonia, la Fiscalía y los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia.
—Pollença se ha volcado en la causa.
—No sé cómo agradecer toda la colaboración. Llevo más de 50.000 euros invertidos en la búsqueda de Olivia. La Justicia es un gran engaño. Hay empresas especializadas que por 21.000 euros me la habrían traído de vuelta, pero lo quise hacer todo legal y tardaron cuatro años en hacer una actuación judicial que, según el convenio de la Haya, no se puede demorar más de seis meses. El tiempo que pasa favorece la huida. El dinero servirá para contratar a un detective. Vivo para encontrar a mi hija.