El PSIB ha anunciado este jueves que se han dado de baja de sus filas el actual alcalde de Lloseta, Bernat Coll, y los concejales socialistas Juan Coll y Maria Alemany, a quienes la Fiscalía solicita 34 meses de cárcel y 29 años y medio de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio y cuatro de prevaricación. El otro concejal juzgado por los mismos delitos, Pere Joan Martorell, no estaba afiliado al partido socialista.
Coll tampoco repetirá como candidato socialista en los próximos comicios municipales del mes de mayo. Así lo han anunciado en rueda de prensa, este jueves, el secretario de Política Autonómica del PSIB, Cosme Bonet, y el secretario de Organización de los Socialistas de Mallorca, Miquel Ramon, quienes además han anunciado que ahora se reunirán con carácter de urgencia para «analizar la situación en el municipio». Los líderes socialistas no han querido anticipar si pedirán al alcalde y a los dos concejales que renuncien a sus cargos en el Ajuntament de Lloseta.
Bonet ha confirmado que la baja ha sido pedida «voluntariamente» por el alcalde y los dos concejales socialistas y el partido la ha hecho efectiva con carácter inmediato. Asimismo, el secretario de Política Autonómica del PSIB ha lanzado un mensaje al Partido Popular, que este miércoles exigía a Francina Armengol, líder del PSIB, que diera la cara. «No aceptamos ninguna lección del PP y mucho menos del PP de Lloseta, dirigido por Xesca Ramis, quien intentó colar a uno de los suyos en la conselleria d'Educació; tampoco del PP balear, en el que una semana después de que se haya sabido que hubo pagos en negro de su sede, aún no ha cesado nadie. Marga Prohens se cansó de pedir explicaciones pero no ofreció ninguna de los casos de corrupción en su partido», señala Bonet.
En relación a la pregunta que lanzó Prohens sobre si el PSIB estaba de acuerdo con las declaraciones del alcalde de Lloseta de que incumplió la ley «porque era por un bien para el pueblo», Bonet y Ramon han respondido que «los socialistas exigimos el cumplimiento de la ley a todos nuestros cargos electos, y así hemos actuado en Lloseta, donde lo que ha habido es un caso de mala gestión administrativa».