La fiscal ha pedido una pena de 35 meses de cárcel para el alcalde de Lloseta y para cada uno de los tres concejales del equipo de gobierno que están siendo juzgados por prevaricación. Tras dos sesiones de juicio y las distintas periciales realizadas en el transcurso del mismo, la fiscal ha modificado su anterior petición de siete años de inhabilitación y ha pedido penas de prisión al imputar a los cuatro acusados, además, dos delitos contra la ordenación del territorio.
El alcalde de Lloseta, el socialista Bernat Coll, y los ediles que formaban la Junta de Gobierno cuando se tomaron los acuerdos denunciados, Pere Joan Martorell, Juan Coll y Marià Alemany, están siendo juzgados en el juzgado de lo Penal número 6 de Palma acusados de cinco delitos de prevaricación por la concesión de distintas licencias urbanísticas que no se ajustaban a ley, además de la cesión de la gestión del teatro municipal a una empresa sin previo concurso.
En la sesión del martes, Bernat Coll reconoció que incumplió la ley alegando que lo hizo "pensando que era un bien para el pueblo". A raíz de este juicio, el PP ha exigido explicaciones a Francina Armengol, secretaria general del PSIB- PSOE, y además que exija la dimisión inmediata del alcalde de Lloseta.