El anuncio del presidente de la Autoritat Portuària, Alberto Pons, de que desafectará y cederá la antigua piscina y la zona verde de Gesa al pueblo ha recibido una buena acogida por parte del PI y del PSOE.
Estos partidos, en la oposición en el Ajuntament de Alcúdia, piden, no obstante, que se firme «con la mayor celeridad posible» el convenio que regulará la nueva situación para evitar que, en caso de que haya un cambio en la institución, el acuerdo quede en nada.
La oferta de Alberto Pons rebaja de un millón de euros a 153.000 euros la deuda que la Autoritat Portuària reclama desde 2010 al Ajuntament por la ocupación de la piscina, pese a que venía regulada por un convenio del 2004 que permitía el uso municipal durante 25 años como contrapartida por la ampliación del puerto.
«Si por temas legales para que nos desafecten hay que pagar 153.000 euros, aunque se tendría que negociar, no es una mala noticia», dicen Llompart y Malondra, que no aceptarían pagar si no implicara la cesión de la piscina al pueblo.