Ni la propiedad ni el Ajuntament de Pollença aceptan la sentencia salomónica de un juzgado de Primera Instancia de Inca sobre el Camí de Ternelles. Ayer, las dos partes defendieron en la Audiencia Provincial de nuevo sus argumentos, los dueños para negar que tenga la obligación de permitir el paso a través de la finca y los segundos para defender la titularidad pública del camino.
La sentencia de Inca daba la razón a Menani SA, la empresa propietaria en cuanto a que el camino forma parte de la finca y que, por lo tanto es de titularidad privada. Sin embargo, rechazaba su pretensión y establecía que existe una servidumbre de paso para que se pueda acceder a la costa.
La Sección cuarta de la Audiencia Provincial convocó una vista para que las dos partes explicaran sus recursos. En una exposición de más de dos horas, el letrado municipal, Miquel Ripoll, sostuvo que el camino es de dominio público. La cuestión que planteó es que, cuando la Corona vendió el Castell en 1811 y el terreno que le rodea existía un camino que atravesaba el valle y que iba más allá de este punto. «El punto terminal del Camino Real era el mar». Esa vía, según sostiene el Consistorio no pierde ese carácter público con la venta. Los propietarios dicen justamente lo contrario. El letrado Juan Socias sostiene que cuando la familia Desbrull adquirió hace doscientos años el castillo toda la finca pasó a ser privada.
El otro argumento que utiliza la representación de Menani es que no existe ningún registro municipal que inscriba la finca como suya: «Esto es una pelea de títulos y en más de 130 años de fichas en el registro de la propiedad, nunca el Ajuntament ha intentado contradecir esta situación».
El relato histórico se complica con la existencia de una comunidad de ermitaños a principios del siglo XX que fueron expulsados por el obispo en una ermita que había en la finca. El acceso al culto y la existencia de pequeñas fincas privadas más allá del castillo fueron otros de los argumentos usados por las partes.