El portavoz de Entesa per Mallorca en el Ajuntament de Sóller, Miquel Gual, acusó ayer al PP durante un pleno de querer «pagar favores políticos» a un empresario local a quien el equipo de gobierno ha alquilado un céntrico local por un período de diez años por el sistema de adjudicación directa en base a la «idoneidad» y a la «necesidad» de estas instalaciones para la brigada de obras.
De hecho, el equipo de gobierno presidido por Carlos Simarro (PP) ya adjudicó en marzo este alquiler por un período de dos años, por lo que no tuvo que elevarlo a pleno. Ahora, la oposición no entiende porqué se amplia a diez años el período aunque admiten que la adjudicación es «completamente legal», según han certificado los técnicos y el interventor municipal.
Concurso
Aún así, todos los partidos de la oposición reclamaron que se sacara a concurso para dar las mismas oportunidades a cualquier otro propietario. Gual recordó que el beneficiario del contrato «es el padre de una candidata del PP» en les últimas elecciones.
Tanto el alcalde, Carlos Simarro, como el concejal de Bienes y Servicios, Miquel Gual, defendieron la ampliación del contrato «para asegurar por más tiempo el mantenimiento de un precio muy ventajoso, muy por debajo el de mercado, y porque el local está en el lugar ideal para nuestras necesidades».
Así mismo rechazaron de forma contundente las acusaciones del concejal nacionalista. El Ajuntament también aprobó en este pleno los precios públicos de las piscinas de Son Angelats, solamente con los votos en contra de Progressistes per Sóller, mientras que PSOE y Entesa se abstuvieron a pesar de considerar que el estudio económico que avala estos precios son «muy optimistas».
Finalmente el pleno aprobó, por unanimidad, la declaración de titularidad pública del camino de Can Catí-Ses Codolades, una vía rural en la que se arrastraba un largo conflicto vecinal por los derechos de paso.