Los habitantes de las infraviviendas de Gomila que alquilaba un policía local se han quedado este jueves prácticamente sin luz. Un grupo de operarios ha acudido sobre las 14.00 horas acompañados de un dispositivo policial para poder acceder al cuadro eléctrico entre protestas de los residentes del sótano. Desde la Policía han informado que la compañía eléctrica pidió apoyo policial para cumplir con una orden judicial relacionada con un proceso por presunta defraudación de fluido eléctrico. Tras su marcha, varios de los trasteros reconvertidos en viviendas, donde viven decenas de personas (entre ellas varios menores) se han quedado sin luz, o la corriente iba sólo por momentos.
Los moradores del sótano de Gomila afirman que se ha rebajado la potencia al mínimo, de modo que es imposible conectar prácticamente nada: neveras, ventiladores y cualquier otro tipo de aparato han dejado de funcionar. A los afectados les preocupa especialmente no poder conectar una bomba que compraron entre todos para la fosa séptica del edificio. Ya llevan, además, semanas sin suministro de agua. Todos ellos relacionan estas incidencias con una estrategia de asedio para echarlos.
En los últimos días los trabajadores habían intentado llegar al armario eléctrico, situado en la parte exterior del edificio, pero los residentes los ahuyentaron. Finalmente la operación se ha completado este jueves con el respaldo policial (primero de una Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local y después con agentes del Cuerpo Nacional de Policía). La escena ha sido muy tensa sobre todo por el desconcierto entre los residentes, que no sabían lo que ocurría. Desde Stop Desahucios, que está asesorando a los afectados desde hace unos días, aseguran que no tenía constancia de esa orden judicial y por tanto «no han podido defenderse» de ella. «Aquí no ha llegado ninguna notificación, que digan qué procedimiento es y se personarán las familias», ha subrayado el coportavoz de la plataforma, Joan Segura.
Pasado el terremoto inicial, el enfado en el subsuelo de la finca era generalizado. Un residente con una linterna acompañaba a los periodistas al fondo de un pasillo para mostrar cómo saltaban los plomos. Reina, una de las personas con un procedimiento de desalojo en marcha (suspendido el pasado lunes), no podía encender nada; no se atreve a abrir su nevera y no sabe cuánto aguantarán los productos que hay en ella y en el congelador. La misma inquietud en el resto de habitaciones; algunas, incluso, con niños.
«Lo único que nos dijo el policía es que buscáramos a servicios sociales para que nos dieran un albergue y que denunciáramos el acoso y las coacciones», explicaban los residentes. «Las familias están que muy pocas tienen luz en la habitación y que si ponen algo más que una bombilla se les corta enseguida», ha dicho Segura.
El próximo 17 de julio hay otro desahucio y siguen en marcha otros procesos de desalojo: a Stop Desahucios han llegado al menos seis o siete, pero el propietario asegura que ha instado el desahucio de todos los trasteros para cumplir con el mandato del Govern; con todo, a las dos mujeres cuyo desahucio se suspendió el lunes les reclamaba varios miles de euros de deuda por impago, según consta en los papeles del juzgado.
Stop Desahucios ha vuelto a exigir la expropiación de los trasteros como embargo para cubrir la multa millonaria que impuso la Conselleria de Vivienda, al tiempo que reclama una solución para las familias afectadas. La mayoría de ellas firmaron contratos con un policía local de Palma (luego suspendido cuando se destapó el caso y fue detenido por la Policía Nacional). El Govern constató que se estaban arrendando como viviendas espacios totalmente inhabitables. El Ajuntament también multó por el mismo motivo.
Me preguntó cómo se puede consentir este acinamiento tercer mundista y gestionado y enriqueciéndose un miembro de la Policía. Ni en Países Bananeros"" Dónde está la hempatia y la ética. No es de extrañar la proliferación de chabolas.