Desahucio del infierno: acoso en las infraviviendas que alquila un policía local en Gomila

Las infraviviendas de la calle Joan Miró son un polvorín. En una treintena de trasteros ilegales todavía viven hacinadas, en condiciones insalubres, decenas de inquilinos en pie de guerra con el propietario, un policía local de Palma. Los arrendatarios denuncian que el dueño intenta expulsarlos con tácticas de acoso y sabotaje que en los últimos días están elevando la tensión hasta niveles máximos: llevan sin agua desde hace una semana, y aseguran que ayer acudió una persona para cortarles la luz. Un desahucio inminente promete agitar aún más las aguas.

Tras destaparse el caso, los inquilinos iniciaron en 2023 una rebelión y resolvieron dejar de pagar al propietario, cansados de sus abusos. Ahora afrontan las consecuencias de esa decisión: según Stop Desnonaments Mallorca, actualmente hay en marcha al menos seis procedimientos de desalojo. Dos de ellos ya tienen fecha de lanzamiento, uno este mismo lunes.

La afectada es Aránzazu, una mujer de 62 años que lleva cinco residiendo en una estancia de apenas unos ocho metros cuadrados. La echarán por impago. Aránzazu no entiende que un Juzgado pueda examinar este caso y aún así amparar al propietario.

El asunto llegó el martes a Stop Desnonaments. Su portavoz, Joan Segura, lamenta que de haber intervenido antes hubieran podido intentar suspenderlo, pero la plataforma se encontró con un proceso ya cerrado. Aránzazu se había visto envuelta en un laberinto legal que no entendía y ratificó «un acuerdo contra sus propios intereses», sostiene Segura. La mujer no quiere abandonar la habitación porque no tiene adónde ir, pero firmó dejar voluntariamente el inmueble a cambio de que se le perdonara la deuda, de unos 4.000 euros.

Antes de la revuelta de los inquilinos, Aránzazu estaba pagando 400 euros al mes por «un espacio que da vergüenza enseñarlo». La renta le dejaba apenas 200 euros para subsistir todo el mes con lo que percibe por el ingreso mínimo vital. «Mi contrato ponía 340 euros, pero yo le daba 400 para que me dejara en paz con la luz». Entonces aclara: el propietario le exigía cantidades desorbitadas en concepto de gastos de electricidad. «No enseñaba ningún papel, jamás he visto una factura», matiza la mujer. Otros inquilinos corroboran que el propietario inflaba sistemáticamente las cuentas bajo ese pretexto: «Si veía que tenías una lavadora en el cuarto, aunque nunca la pusieras, te subía el precio». Por supuesto, todo en negro: «Pasaba de puerta en puerta para cobrar, se metía el dinero en el bolsillo y a salir corriendo».

Otros dejaron de pagarle sencillamente porque dejó de venir a cobrar las rentas, ya que tiene una orden de alejamiento del edificio. Desde ese punto de inflexión, los vecinos sufren constantes incidencias que relacionan con una estrategia de acoso. En los últimos días no hay agua, supuestamente por una avería. «Nos ha cortado el agua a todos», dice convencido Cristofer Natanael, un residente, que añade que en la parte superior de la finca, donde hay viviendas convencionales, se han instalado cámaras. «Tengo el audio donde le dice a uno de los pisos de arriba que si da agua a los de abajo lo denunciará», apostilla Miskely.

Nuevos contratos

Los trasteros ilegales siguen a pleno rendimiento, a pesar de la detención del propietario y la multa millonaria que impuso el Govern en 2024. La sanción está recurrida y, mientras tanto, el dueño sigue firmando nuevos contratos con total libertad. De hecho, los residentes cuentan que hace poco murió un inquilino de edad avanzada. A los dos días su espacio ya volvía a estar alquilado. Al recién llegado «el propietario le dijo que tenía que sacar él los trastos del fallecido y tirarlos a la basura».