El desahucio previsto para este lunes en las infraviviendas de Joan Miró ha resultado ser doble: al de Áranzazu, de 62 años, se ha sumado el de Reina, de 65. La afectada se ha enterado por una llamada telefónica de que tenía apenas dos horas para sacar todas sus cosas porque vendría una comisión judicial a echarla. Finalmente los dos desalojos han quedado suspendidos por el momento.
El acceso a los trasteros en Gomila estaba lleno de periodistas desde primeras horas de la mañana. El coportavoz de Stop Desahucios, Joan Segura, iba informando a los inquilinos de las novedades a medida que se producían. Minutos antes de las 10.00 horas llegaban un hombre y una mujer para hablar con las dos afectadas en privado, pidiendo que no les grabaran; se intuía, por el contexto, que venían del Juzgado. Al salir, las dos mujeres han indicado que les han trasladado que se podría aplazar el desalojo pero que «sería bueno que no estuviera la prensa». Ambas han asegurado que se lo planteaban «como requisito».
Hacía muy pocos minutos que a Reina le había avisado la secretaria de su abogado de su desahucio. La mujer no paraba de llorar mientras insistía en que está recién operada y no tiene a dónde ir. Los afectados aclaran que no quieren seguir viviendo en estos lóbregos trasteros sin ventilación, pero sí piden más tiempo para poder encontrar una alternativa. Pero el mercado «está imposible». Las inmobiliarias ponen condiciones del todo inalcanzables para ellas. Áranzazu planea irse a la península: «He mirado Soria, Murcia, Alicante...».
Finalmente ninguno de los dos desalojos se ha ejecutado. El motivo: que faltaba el procurador que representa al propietario. De momento no hay nueva fecha para los dos desahucios pero en el calendario hay otros desalojos previstos para este mismo mes de julio y el Juzgado podría optar por hacerlos coincidir.
Stop Desahucios pide expropiar las viviendas
La plataforma Stop Desahucios está estudiando a toda prisa todos estos casos para intentar paralizarlos. El coportavoz, Joan Segura, ha insistido este lunes ante los medios en que mientras tanto la administración debe actuar, y planteaba la expropiación de los trasteros como solución, a modo de embargo para el cobro de la multa millonaria que impuso el Govern. La sanción está recurrida, igual que los 260.000 euros con los que multó el área de Urbanisme de Cort hace unos meses.
Los afectados informan de que en estos trasteros precariamente reconvertidos en habitaciones viven hacinadas una cuarentena de personas, incluidos una decena de menores. Bajando unos pocos escalones se pasa del aire fresco de la calle a un ambiente cargado de humedad que da a un laberinto de pasillos por los que hay que moverse completamente a oscuras. Desde hace más de una semana, además, están sin agua. A pesar de ello, los trasteros siguen llenos de gente. Muchos de los inquilinos dejaron de pagar al dueño cansados de sus abusos; aunque algunos indican que dejaron de pagar, simplemente, porque recogía la renta en metálico en persona y, como le pusieron una orden de alejamiento, dejó de venir.
hi han trasters des de 30€ al més un metre quadrat. No els hi costarà tant trobar-ne un.