A Begoña le gustaría poder pagar el alquiler de una vivienda, pero el alza constante de los precios en Palma lo ha hecho imposible con su sueldo, así que habita una caravana estacionada en uno de los asentamientos que han proliferado por la ciudad: «Tengo todas mis cosas metidas en 4 metros cuadrados, pero es mía».
«Es mi espacio; no estoy en una habitación de un piso compartido con gente que no conozco», añade esta trabajadora de un servicio municipal de estacionamiento regulado, de 61 años, que habita en una de las caravanas de la zona de Son Hugo.
Como ella, los caravanistas que se agrupan por decenas en distintos puntos de la ciudad están en vilo desde que el pasado 27 de noviembre el alcalde, Jaime Martínez, anunció la tramitación de una nueva ordenanza cívica que prohibiría pernoctar en autocaravanas y les multaría con entre 750 y 1.500 euros.
La respuesta de las asociaciones nacionales de caravanistas, que la consideran ilegal, no se hizo esperar con comunicados, recogida de firmas, comparecencias en el pleno y el registro de alegaciones oponiéndose a la nueva norma. Cuatro meses después, confían en la palabra que les han dado desde el consistorio palmesano: que rectificarán y retirarán esa prohibición de la ordenanza cuando vaya a votación en el pleno de abril.
«Por lo que se ve, se ha dado cuenta el señor alcalde de que se estaba pasando por el arco de triunfo un decreto ley de la Dirección General de Trafico y del Ministerio del Interior de que podemos vivir en nuestras caravanas mientras no tengamos síntomas de acampada», aclara Begoña.
«Lo que queremos es una casa»
Esquivar las multas no evita los desvelos de esta mujer que resume el sentimiento de los que viven en estos hogares sobre ruedas: «Nosotros realmente lo que queremos, el 99 % de los caravanistas, o el 100 % de los que estamos aquí, es una casa».
De la misma opinión es Jesús, de 76 años: «Cobro una pensión de unos 600 euros; que me expliquen cómo voy a pagar ni una habitación para vivir». O una multa de 1.500 euros. La solución que plantea este jubilado es todavía más modesta: «Si al alcalde no le gusta que estemos aquí, que nos busque un sitio; en todas las provincias de España hay espacios legales donde estacionar autocaravanas».
«Es una solución que nos podrían dar mientras se arreglara el tema habitacional», coincide Begoña, que pone como ejemplo el terreno de 40.000 metros cuadrados donde el Gobierno central va a construir la Ciudad de la Justicia, que les queda justo al lado: «Esto no se va a llevar a cabo hasta al menos dentro de dos años, dime tu a mí si no podrían segar, meter una capa de hormigón y que nos dejaran estar ahí».
«Soluciones hay, pero no quieren darlas», lamenta y recalca la necesidad de que se habilitara ese lugar dentro de Palma: «No nos mandes fuera porque el 90 % de los que vivimos en las caravanas aquí y en Son Güells trabajamos y necesitamos coger el autobús».
Lo revelaba una investigación de 2024 de la Cátedra de Estudios Urbanos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB): el perfil de los residentes en autocaravanas en seis asentamientos localizados en Palma y Cas Català (Calvià) es el de un hombre joven, de nacionalidad extranjera, con trabajo fijo pero sin capacidad para pagar 1.000 euros de alquiler o más de 200.000 euros para comprar vivienda.
«Es una criminalización»
La descripción casi encaja con Enrique, ayudante de cocina temporal de 35 años que comparte caravana con su perrita y considera los planes del ayuntamiento de multarles «una criminalización». Otros inciden en el afán recaudatorio de la medida, como un caravanista estacionado en Son Malferit, que no tiene dinero para hacer frente a una avería que le impide cambiar su vehículo de sitio cada 10 días, como es preceptivo, por lo que está tan «crujido a multas» que no quiere ni que se difunda su nombre.
A modo preventivo, otro caravanista vecino ha pegado a la carrocería una etiqueta citando el Reglamento General de Circulación de la DGT en la que advierte que el suyo es un «vehículo estacionado, no acampado, ocupa la misma superficie que lo haría circulando y permanece sobre las ruedas con las que circula habitualmente».
Enrique, que destaca el sentimiento de comunidad entre los que aparcan en Son Hugo, lamenta que «se ha normalizado que haya que vivir en una habitación», porque en Palma, llegar a pensar en una casa «ya no es ni un sueño».
Mientras arregla los frenos de su autocaravana en algún lugar de Calvià antes de regresar a Ciudad Jardín, Tomás, francés de 37 años, reflexiona que «el problema no son los caravanistas» y añade que «hay personas viviendo en el coche o durmiendo en la playa cada noche. Eso existe aquí». Lanza el guante a las autoridades: «Cuando ves un rastro de polvo en el suelo de tu casa, lo importante no es el polvo, es encontrar la grieta».
Se atreve a decir que el alcalde de la ciudad se lo pasa todo por allí. Encima dando lecciones. Arruix