El Ajuntament de Palma ha desistido de uno de los seis lotes de viviendas de precio limitado de la primera fase de su plan de choque. En concreto, retira un proyecto de 90 vivivendas que se tenían que construir en una parcela municipal en el número 8 de la calle Ciutat de Querétaro. El suelo es actualmente un aparcamiento y Urbanisme ha constatado que no tiene la condición de solar, porque hay actuaciones de urbanización pendientes. Urbanisme asegura que está trabajando para dotar de servicios el terreno pero de momento es inviable construir el proyecto previsto. Es necesario «completar las actuaciones de urbanización pendientes y la reordenación de los servicios urbanísticos afectados antes de poder proceder a cualquier cesión del derecho de superficie».
La decisión se aprobó el viernes pasado en una Junta de Govern extraordinaria con la que también se modificaron otros aspectos de los pliegos y se alargó el plazo de presentación de ofertas en casi un mes. Ahora las empresas podrán formular sus propuestas hasta el 21 de marzo. El plazo anterior acababa ayer martes, por lo que ha sido sólo unos días antes de la fecha límite que Cort ha retirado de la licitación uno de los seis solares.
Al mismo tiempo, Cort ha modificado los pliegos del resto de lotes alterando el número máximo de viviendas, en especial en el lote 2, donde ahora se contemplan 32 viviendas más que antes, hasta 132 que se ubicarían en un solar junto al Velódrom Illes Balears. En cambio, los dos lotes de las calles Sant Mateu y Joan Daurer se quedan en 11 viviendas, una menos que en los pliegos originales. De este modo esta primera fase del plan de choque tendrá 303 viviendas, en lugar de las 363 iniciales. Según Cort, el resto se ubicarán «en los nuevos solares que está identificando Urbanisme para construir más viviendas».
Comisión de seguimiento
Según el contrato, el Ajuntament cederá el suelo durante 75 años a los promotores a cambio de que éstos construyan y gestionen las viviendas en alquiler a precio limitado. El método permite a la administración municipal que se construyan viviendas sin tener que pagar ningún coste por su edificación. En la presentación de este proyecto, desde el Ajuntament se anticipó que se elaboraría un registro de demandantes para asignar las viviendas a sus destinatarios finales con criterios de equidad, pero más allá de unos porcentajes de reserva para determinados colectivos los pliegos no recogen tal cosa, sino que estipulan que cada promotor debe proponer su propio modelo. De hecho, a las consultas de las empresas interesadas el Ajuntament reconoce que la normativa de las viviendas de precio limitado no contempla la gestión por parte de la administración de las personas solicitantes de este tipo de alquiler.
Es más: como las viviendas se adjudican en lotes separados, y pueden ganar empresas distintas, cada lote puede contar con un sistema de gestión de arrendatarios diferenciado, «que será gestionado por la entidad contratista bajo la supervisión del responsable del contrato municipal». Lo que sí se prevé es la constitución de una comisión de seguimiento que revisará «el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la adjudicataria, recoger y contrastar información sobre su actividad y evaluar las cuestiones que se puedan producir durante la ejecución del contrato».
Comparecencia en el pleno
El PSOE ha pedido la comparecencia del regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, para que explique en el próximo pleno lo ocurrido con esta licitación. El regidor Pepe Martínez censura que este proyecto estrella «se desinfla» y denuncia que «la vivienda no es una prioridad para el equipo de gobierno»: «No están dando respuesta a la crisis habitacional en la ciudad, con precios disparados. Hoy, a lo único que se puede optar es a alquilar una habitación, con precios de hasta 1.200 euros».