La Defensora de la Ciutadania de Palma, Anna Moilanen, reprendió ayer a los regidores del Ajuntament por la situación de 28 inmuebles del Ibavi tapiados y sin uso desde hace años en Camp Redó. Como informó este diario hace unos días, se trata de una serie de propiedades que esperan una cesión a Cort. Algunas fueron construidas en los años cincuenta y no cumplen los parámetros actuales para una cédula de habitabilidad.
Moilanen endureció el tono en este tirón de orejas «a todos» los concejales, incluidos los de la izquierda, puesto que es un asunto que se arrastraba ya en la anterior legislatura. Asimismo, hace algo más de un año, el Ibavi informó al actual Ajuntament de la disponibilidad de estas 28 viviendas, en la comisión de Camp Redó. Con todo, a la consulta de este periódico Cort sólo confirmó que se negocia a día de hoy sobre 19 inmuebles. «Algo está fallando. Pónganse de acuerdo. Hay un discurso que no avanza y la ciudadanía está esperando. No es de recibo que haya viviendas tapiadas, son una oportunidad increíble, pueden gestionar vivienda pública que ya existe», lanzó Moilanen.
La Defensora también instó al Ajuntament a negociar por viviendas de la Sareb en la zona. En este sentido, reprochó a los regidores que sobre su mesa ya han pasado al menos tres proyectos para la transformación del barrio sin que ninguno se haya llegado a ejecutar: «El planteamiento, con presupuesto, llegaba hasta el 2036». Pese a esas intenciones, sólo se ha intervenido en cambios de cableado o renovaciones de alcantarillado «que se tienen que hacer», pero sin ir «más allá».
«No hacen falta más diagnósticos ni más excusas de qué se hizo en la anterior legislatura», protestó. También deslizó que en su estantería acumula «un metro de expedientes» sobre esta cuestión. Igualmente llamó la atención sobre las ocupaciones ilegales: el Ibavi tiene otras ocho viviendas ocupadas en Camp Redó. Este tipo de situaciones, razonó Moilanen, «generan muchos problemas sociales».
El organismo del Govern tiene otros ocho pisos alquilados (tres de ellos con inquilinos morosos); mientras que Cort cuenta con 38 pisos, todos ellos «controlados y habitados». Según detalló la Defensora, en las reuniones el Ibavi trasladó que no tenía recursos para rehabilitar las viviendas y por eso se planteaba esta cesión; «pero el Ajuntament se encontrará con el mismo problema», argumentó Moilanen. En cualquier caso, pidió que el Patronato de Vivienda y el Ibavi expliquen por qué no se avanza.
Desde el equipo de gobierno presente en la sala, el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, se comprometió a trasladar estas inquietudes a los departamentos pertinentes. Mientras, la oposición hizo patente su malestar por el trascurso de las reuniones de la comisión de Camp Redó, pidiendo al PP que se «tome en serio» a este órgano: «La última sesión duró cinco minutos», afeó el socialista Pepe Martínez. También animó al PP palmesano a «presionar» a sus compañeros en el Govern para desencallar la negociación sobre los 28 pisos.