El equipo de gobierno en el Ajuntament de Palma ha retirado del orden del día del pleno de la próxima semana la votación de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, de modo que se retrasa su aprobación inicial hasta el pleno ordinario de enero. El gesto del PP ha sorprendido a toda la oposición, tanto a la izquierda como a Vox. Desde este último grupo se desvinculan de este movimiento de sus socios 'populares', aclarando que la ordenanza ya incorporó algunas de sus aportaciones y que su previsión era votar a favor. Es decir, detrás de esta decisión no hay un problema de falta de apoyos, a pesar del posicionamiento en contra de PSOE, Més y Unidas Podemos.
En la presentación de la ordenanza, tras su aprobación por la Junta de Govern, el alcalde, Jaime Martínez, indicó que la previsión era que su aprobación inicial tuviera lugar en el pleno ordinario de diciembre (el próximo jueves), y la definitiva, en el de febrero; con este cambio, la entrada en vigor del texto se retrasaría un mes más. Desde el Ajuntament han asegurado que el motivo de esta decisión es poder «estudiar con calma todas las alegaciones presentadas».
Desde Cort han recordado que tras la aprobación en Junta de Govern se abría un plazo de diez días para que los grupos municipales presentaran enmiendas. Esa circunstancia ya se conocía cuando se anunció el calendario (el plazo terminó ayer), y tras la aprobación inicial continúa una tramitación que puede incorporar modificaciones, por lo que los regidores de la oposición no se explican el cambio de planes del PP. Según han indicado, el punto se llegó a incluir en el orden del día y fue más tarde que se remitió otro documento rectificado. La ordenanza tendría que haber pasado ya por las comisiones celebradas esta semana.
La ordenanza cívica regula las sanciones por pintadas vandálicas, juegos y apuestas, músicos callejeros, botellón y otros comportamientos, como el uso de autocaravanas como vivienda, uno de sus apartados más polémicos. Una novedad respecto al borrador que se había expuesto públicamente en la primera mitad del año fue la regulación de las visitas guiadas: Cort limitará el tamaño máximo del grupo a 20 personas, una medida que encontró el rechazo frontal de las patronales de agencias de viajes y guías turísticos, que advirtieron que dejarían de llevar turistas a Palma. Aviba y Proguies Turístics (Pimem) hicieron patente su enfado con la administración por no haber consultado con ellas esta restricción antes de aprobar la ordenanza.