Los propietarios de bares y restaurantes de Santa Catalina no pueden evitar la preocupación: la inflación que les descabalga los presupuestos, el alquiler de los locales, el coste de la energía, la inminente devolución de los créditos ICO o la actualización de los salarios de los trabajadores. A esto, dicen, se suma las quejas de la asociación Barri Cívic de Santa Catalina. «Por primera vez no tengo ilusión por trabajar», dice un empresario en el grupo de whatsapp de los restauradores del barrio.
«Tiene que haber un equilibrio entre el descanso y la restauración», reclama el presidente de la Asociación de Restauradores de Santa Catalina, Tomeu Mas, acompañado de Mar Martí, directora del Hostal Cuba, y José Pérez, del grupo Palma Ocio.
«Durante meses hemos vivido una campaña contra la restauración de Santa Catalina promovida por una asociación de vecinos [Barri Cívic de Santa Catalina] que ha tenido mucho eco. Nosotros hasta ahora hemos mantenido un discreto silencio. Hemos vivido acusaciones a diario o semanales por el ruido y las terrazas», dice Mas. «Hay cosas que no son verdad», advierte Pérez. Y pone de ejemplo que «este fin de semana no se abrió ningún acta policial en el barrio. Se va a buscar el detalle». También se lamenta de las fotos de denuncia sobre «respiraderos de aire acondicionado o salidas de humo que son legales».
Tanto Pérez como Mas advierten que «se está intentando vender el barrio como si fuese el Bronx pero las terrazas están desmontadas y todo cerrado a las doce y diez de la noche». Mas señala que está a favor del diálogo y «desde el Districte de Ponent nos han prometido mediar y poder hablar con la Federació d'Associacions de Veïns. Hay que sentarse con quien quiera sentarse». Denuncian que el perfil de Barri Cívic «es turismofóbico».
Más restricciones
Los restauradores consideran que «la normativa de 2018 ya es muy restrictiva y ahora están pidiendo que lo sea aún más con una reducción de las terrazas del 50 por ciento y el adelanto del cierre. Esto nos supondría la reducción de la facturación a la mitad». Precisamente Pérez consiguió la licencia para la mejora del restaurante Diecisiete Grados, pese a las reticencias de Model de Ciutat: «No era una ampliación sino la mejora del establecimiento para el personal y los clientes, con baños para minusválidos, salidas de humo y ventilación». Reconocen que en los últimos años se han otorgado muchas licencias en el barrio, pero «¿quién las concede? Es el propio Ajuntament».