La vivienda es un bien escaso y muy buscado especialmente en zonas donde el mercado se encuentra muy tensionado. Es lo que ocurre en Palma y por esta razón la capital balear acumula el mayor número de okupaciones de pisos y casas en general en un contexto en el que Mallorca domina la estadística en términos autonómicos. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 –recordemos, el año del confinamiento y de las duras restricciones por el coronavirus– se produjeron en el archipiélago balear 325 hechos conocidos de okupación ilegal de propiedades inmobiliarias de los cuales 266 concurrieron en nuestra Isla. Estos últimos se acercan a los 285 hechos conocidos que constaron a nivel balear en 2019, el año previo a la pandemia de COVID. ¿Cuáles son los principales rasgos que caracterizan este fenómeno hoy en la ciudad?
Fuentes policiales apuntan a que existe una cierta complicación en esta materia porque en ocasiones la concatenación de circunstancias especiales provoca que alguna okupación ilegal pase camuflada en tipos delictivos distintos. En todo caso los profesionales que trabajan con estas problemáticas en la Policía Nacional tienen bien establecidos los distintos patrones que suelen seguir las okupaciones de viviendas en Palma. En base a su experiencia profesional, estas son algunas de las principales conclusiones que podemos extraer sobre el fenómeno de la okupación de viviendas actualmente en la ciudad más grande de Baleares.
Las víctimas preferidas de los asaltantes de viviendas ajenas en Palma son las entidades financieras y bancos. Al parecer, en muchas ocasiones las personas que protagonizan las okupaciones eligen entre un cierto número de 'candidatos'. Si deben optar entre varias opciones se decantarán por la de una entidad bancaria con mayor probabilidad. ¿Por qué? La posesión del inmueble por parte de sociedades y empresas se percibe como más impersonal y en ocasiones la respuesta de los vecinos es menos empática que con personas físicas, de piel y hueso y problemas reales a quienes arrendar un piso les puede venir muy bien desde el punto de vista económico, y por contra que se lo okupen les representa un problema mayúsculo. Dicho de otro modo, las personas tienden a mirar más para otro lado en caso de que la damnificada de una okupación sea una empresa con balance millonario al final del año.
¿En qué zonas de Palma se dan okupaciones de viviendas con mayor asiduidad? Los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en la respuesta inmediata a estas situaciones señalan los barrios de Palma donde se concentran las personas con un nivel socioeconómico más bajo como Son Gotleu o Camp Redó como aquellos donde también se quebranta con mayor frecuencia la integridad de la propiedad privada. Otro como Pere Garau, que últimamente se ha visto sometido a fuertes presiones inmobiliarias, acumula también un importante número de actuaciones. «No quiere decir que no se pueda okupar un caserón en Son Vida, pero no es lo habitual» enfatizan fuentes del cuerpo consultadas por Ultima Hora.
Finalmente, cuál es el perfil de las personas que cometen a día de hoy okupaciones en Palma. El inspector jefe del grupo de Motos de la Policía Nacional en Palma, Borja Luengo, apunta varias tipologías en base a lo visto y vivido en sus últimos años de servicio. «Según mi experiencia están en primer lugar aquellas personas que okupan una casa por necesidad, con situaciones económicas y problemáticas muy complejas, a menudo con niños pequeños a su cargo. Estos son los menos pero también los hay».
Una tipología particular de este fenómeno son las personas que okupan 'en familia' o por simpatía, y de pronto en cuestión de horas o pocos días se extienden por nuevas comunidades parcelando de forma organizada ese 'nuevo territorio', a pesar de que lícitamente pertenezca a otras personas. Finalmente hay quien okupa en Palma para hacer negocio. A este segmento pertenecen tanto las personas que revientan una puerta, cambian la cerradura y 'realquilan' la vivienda a terceros cobrándoles una cierta cantidad económica, o quienes entran en un piso para establecer una plantación de marihuana, con la electricidad enganchada a la comunidad y el consiguiente gasto económico y el peligro de incendio por sobresaturación de la red que ello conlleva.
En estos casos últimos que se mencionan la oposición del vecindario a la propia okupación suele ser mayor que ante otras tipologías. De hecho se ha trabajado en depurar los instrumentos legales para atajar este tipo concreto de casuísticas, y a nivel nacional se han desarrollado protocolos para imputar a estos delincuentes otros delitos asociados, como por ejemplo pertenencia a organización criminal, un movimiento que endurece los castigos punitivos y a la postre ejerce como medio disuasorio de las okupaciones.