El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha atribuido la querella en su contra por presuntas prevaricación administrativa y urbanística al prohibir el alquiler turístico a la intervención de «algunos poderes» que buscan suplantar «la soberanía municipal» y ha afirmado: «No daré ni un paso atrás».
Noguera asegura que ha vivido «algunos episodios» esta legislatura de «intervención de algunos poderes contra el interés general y la voluntad democrática de los ciudadanos», como la querella penal interpuesta en su contra por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma.
En un escrito remitido por Més per Palma, el alcalde asegura que tras la aprobación de la reforma de la Ley de Turismo de Baleares en 2017, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, el Ajuntament de Palma tenía «la obligación y la necesidad de zonificar el alquiler turístico» en la ciudad.
Para señalar donde se podía autorizar el alquiler turístico, según Noguera la clave es el artículo 75 de la Ley, que establece que sólo se permitirá en plurifamiliares de forma extraordinaria si es compatible con el uso ordinario de vivienda que los caracteriza.
Según el alcalde, «el Ajuntament prohibió el alquiler turístico en plurifamiliares después de informes de base científica, técnica y jurídica que demostraban que afectaba negativamente a la convivencia y que establecían una conexión directa con la subida del precio de la vivienda en la ciudad».
Si el consistorio lo hubiera permitido, «habría tenido que justificar de forma muy cuidadosa la decisión, ya que la ley señala que sólo se podrá hacer en casos extraordinarios», añade.
Noguera recuerda además que en julio de 2017 el pleno de Cort aprobó la primera iniciativa popular de la historia de la ciudad, registrada con el aval de 6.076 firmas y presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, que aseguraba que la vivienda turística ponía en peligro la convivencia en los barrios debido a la dificultad que suponía para el acceso a la vivienda. En su escrito, el alcalde defiende la prohibición como «medida pionera».
«Palma ha sido la primera ciudad de todo el mundo en tomar una decisión como ésta, y lo hemos hecho con la certeza de que beneficia a los residentes de nuestra ciudad, y que, por tanto, defiende el interés general, por encima de los intereses económicos de unos pocos que afectaban muy negativamente a nuestra ciudad y que atacaban aún más el derecho a la vivienda», asegura.
Noguera compara las opiniones contrarias a que el alquiler turístico afecta a la subida del precio de la vivienda en alquiler con la negación de la existencia del fenómeno del cambio climático.
Advierte de que «'ellos' es evidente que no responden al interés general sino a una estrategia de suplantación de la soberanía municipal, competente en el planeamiento urbanístico de la ciudad, con amenazas, persecución y querellas para conseguir sus objetivos» y concluye: «En temas de interés general y de acceso a la vivienda no daré ni un paso atrás».
Noguera es candidato de Més per Palma a la reelección con las elecciones municipales del 26 de mayo.
Fevitur se querelló contra el alcalde por presunta prevaricación al entender que la prohibición de las viviendas de uso turístico se realizó de forma preconcebida, porque Noguera ya venía anunciando la medida incluso antes de ser nombrado alcalde, y pidió que se aclare si la elaboración de informes urbanísticos fue arbitraria, con la única intención de terminar con la vivienda turística.