La querella del PP contra el PSOE por supuesta financiación ilegal ha centrado la atención mediática en las últimas horas. Este pasado lunes el portavoz, Borja Sémper, acudió en persona a defender una nueva vuelta de tuerca en la judicialización de la política nacional que, según algunas fuentes jurídicas, no cuenta con excesivos visos de ser admitida a trámite en la Audiencia Nacional. La razón se halla en el fundamento de la querella de los 'populares' que se sirve de dos testimonios anónimos recogidos por el digital 'The Objective' en una publicación del pasado 10 de octubre donde desveló el presunto pago al PSOE.
Para el PP, «la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político» es un indicio bastante importante como para «iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos». Sin embargo, no aportan ninguna prueba ni dato adicionales. Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, que pide no ocuparse de denuncias basadas en recortes de prensa, el recorrido de la querella del PP se antoja cuestionable.
Este martes se ha conocido, además, que los de Alberto Núñez Feijóo han solicitado que se identifique a las personas que estaban trabajando en la recepción de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz el día que se hizo la presunta entrega de la mencionada cantidad económica, que habría valido a una empresa de hidrocarburos para conseguir una licencia.
Los 'populares' piden la práctica de dicha diligencia en la querella que han presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García -exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos-, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
Así, ha solicitado al juez Pedraz quedar personado en el 'caso hidrocarburos' y ampliar las pesquisas a lo relatado en la querella. No obstante, apunta también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el 'caso Koldo' y a la existencia de «un aforado» -Ábalos- que podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.