La Fiscalía General del Estado ha constatado un «notable incremento» de los menores extranjeros no acompañados llegados a España en pateras, con un total de 4.865 en 2023, lo que supone más de un tercio de los 12.878 inscritos en el registro de estos menores migrantes bajo tutela de los servicios sociales.
En su memoria anual correspondiente a 2023, la Fiscalía señala que los menores extranjeros que llegaron a las costas españolas el pasado año fueron más del doble que los que accedieron en 2022, cuando lo hicieron 2.375 niños y adolescentes migrantes. La mayoría de los 4.865 menores que entraron solos en España en 2023 fueron hombres -solo se localizaron 238 niñas- y procedían fundamentalmente de Senegal (1.780); Marruecos (1.075); Gambia (657) y Argelia (472).
Además, llegaron en patera otros 923 niños junto a adultos que se identificaron como sus padres, mientras que un año antes accedieron 741 menores por esta vía. El informe de la Fiscalía también recuerda que a 31 de diciembre de 2023 figuraban en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 12.878 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022, de los cuales 10.570 son niños y 2.308 niñas. La mayoría proceden de Marruecos (4.083), por delante de Senegal (2.159), Ucrania (1.778) y Gambia (1074), apreciándose por tanto un incremento respecto a años anteriores.
Durante 2023 se incoaron 7.422 diligencias preprocesales de determinación de la edad. De ellas, 2.436 resultaron ser mayores, 3.231 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1.755 han concluido sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias. La Fiscalía se detiene en la situación de Canarias que si bien desde 2020 soporta un importante flujo de embarcaciones, ha sido desde julio del año pasado cuando la situación se ha agravado, con una media de 100 inmigrantes diarios llegados a sus costas.
«Desde julio de 2023 comenzó una llegada ingente de cayucos a Tenerife y El Hierro, que se ha extendido a todas nuestras cosas y que ha supuesto una auténtica crisis humanitaria», enfatiza la memoria. El Ministerio Público expone que la Fiscalía delegada de Canarias se vio «totalmente desbordada de un día para otro» a partir de septiembre al tener que hacer frente a un número ingente de expedientes sobre menores no acompañados, si bien subraya la «exquisita coordinación» de todos los actores ante esta situación, desde la Policía Nacional a la Dirección General de Protección a la Infancia, la Fiscalía de Menores o el Instituto de Medicina Legal.
La memoria también analiza la evolución de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes y reconoce que la «defectuosa» regulación del delito de favorecimiento de la inmigración irregular unido a la complejidad de las mafias frustra muchas investigaciones. Por esta razón, reitera la necesidad de una reforma legal del Código Penal para poder luchar contra estas redes criminales de forma más efectiva. Sobre estas estructuras criminales, la memoria apuntala la tendencia del uso de barcos de pesca y otros medios más sofisticados en sustitución de las pateras convencionales, así como el empleo de los denominados «taxi-patera», que son embarcaciones de fibra rígida o semirrígida dotadas con uno o dos motores que permiten una travesía rápida y que han sido detectadas sobre todo desde las costas argelinas al levante.
Otra novedad en la forma de actuar y en la infraestructura de estas organizaciones, según alerta la Fiscalía, consiste en comprar las embarcaciones rápidas con motores en Europa, dada la poca oferta en países como Argelia o Marruecos. Como consecuencia de ello, han modificado sus rutas, optando por tener el punto de salida en nuestras costas y, tras recoger a los migrantes en las costas argelinas, retornar a nuestro país. Una vez en España, esconden en «guarderías» tanto a los migrantes como a los patrones y las embarcaciones, aprovechando además estos viajes para el transporte de droga.
Por otro lado, la Unidad de Trata y Extranjería hace constar el carácter prioritario que para la misma ha tenido desde el estallido del conflicto bélico de Ucrania tanto la detección temprana de potenciales víctimas de trata entre los desplazados de aquel país solicitantes de protección temporal en España, como el seguimiento de los casos que hayan dado lugar a procedimientos judiciales. Así, este año se han incoado 6 diligencias de seguimiento con víctimas ucranianas, 4 por Trata de seres humanos con fines de explotación laboral (fueron identificadas 17 víctimas) y 2 para explotación sexual.