El Ministerio de Vivienda quiere desarrollar mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en lo relativo a los alquileres temporales de forma que en los contratos se tengan que acreditar y justificar los motivos que llevan a optar por ese tipo de alquiler. Según ha avanzado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos contratos también tendrán que registrarse en la plataforma que ha anunciado el Gobierno, que se espera tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler a través de plataformas, entre ellos los de corta duración, turísticos, de habitaciones o flotantes.
Con ello se busca dar seguridad jurídica y garantías estableciendo mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios. La idea es que estos cambios en la LAU puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, que Europa da de plazo a los países hasta 2026 para tenerla lista pero que el Ejecutivo espera que pueda ser antes de 2025.
Mientras tanto, trabajan en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura. Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas y espera tenerlo listo a finales de verano. A modo de ejemplo, la ministra ha indicado que para un curso escolar el contrato temporal será de unos 9 meses o para un festival de unos días. Según un informe reciente de Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56 % en el primer trimestre del año hasta representar el 11 % del total.
Ajustes en la Ley de Propiedad Horizontal
Además, ha subrayado que se va a modificar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para habilitar a las comunidades de propietarios con el fin de exigir una autorización previa y que sean los vecinos los que puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas. Asimismo, se busca que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA.
Para abordar este «ajuste quirúrgico», Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales. «Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos», ha apuntado en rueda de prensa la ministra, que ha hecho un llamamiento a todas las administraciones donde exista esta problemática para que se pongan manos a la obra y pongan todos los recursos para garantizar el derecho a la vivienda. Por otro lado, la ministra ha anunciado que la semana que viene habrá una primera reunión con las comunidades para trabajar en el próximo Plan Estatal de Vivienda.