La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para el próximo 27 de mayo a la presidenta del Govern balear, la 'popular' Marga Prohens, y el próximo 10 de junio, interrogará al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su condición de expresidente de Canarias. Así lo ha decidido este lunes la Mesa de la comisión, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, que ha optado por continuar la investigación por la vertiente balear del 'caso Koldo' para, ya después de las europeas, iniciar pesquisas sobre la contratación por parte del anterior Gobierno canario de la empresa vinculada a esta supuesta trama de mordidas por la que se investiga entre otros al exasesor del ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre.
Según ha detallado el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, el próximo lunes las comparecencias arrancarán por la mañana con la del actual director del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña. En sesión vespertina acudirán la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia María Estalleras, y a las seis de la tarde lo hará Prohens.
A todos ellos se les interrogará sobre el expediente de reclamación presentado contra Soluciones de Gestión por parte del Ejecutivo balear. El anterior gobierno inició un procedimiento para reclamar a la empresa de la trama Koldo 2,6 millones de los 3,7 que pagó por sus mascarillas al haber recibido material de inferior calidad al que compraron, pero ahora el Ejecutivo 'popular' ha presentado una nueva reclamación por la totalidad el dinero abonado en 2020. Ya el 10 de junio, al día siguiente de las elecciones europeas, la comisión del Congreso se centrará en el caso de Canarias, escuchando en primer lugar al exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera y después al expresidente autonómico. El Gobierno de Ángel Víctor Torres, adjudicó a Soluciones de Gestión, cuatro contratos por 12,3 millones de euros.
Pero, además, la Fiscalía Europea está investigando los contratos que Canarias cerró con la empresa RR7 United por valor de 4 millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas. A principios de este mes la Policía Judicial registró la sede el Servicio Canario de Salud en busca de documentación sobre este caso.