La Audiencia Nacional ha insistido en que los hechos investigados en la causa de Tsunami Democràtic tienen indicios de terrorismo y ha rechazado que el magistrado Manuel García-Castellón asumiera la instrucción aplicando «torticeramente» las normas de reparto, como afirman algunas defensas.
Así lo sostiene la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que desestima la petición de la defensa de los investigados Oriol Soler y Oleguer Serra de permitirles el acceso a la totalidad de las actuaciones sobre Tsunami, que dirige el titular del juzgado central número 6, Manuel García-Castellón, tanto en su pieza principal como en las que se han ido abriendo de forma separada.
Según la Audiencia, la defensa no pretende determinar con su recurso los hechos objeto de investigación, sino apartar del procedimiento a García-Castellón, discutiendo que le recayera el caso, por lo que concluye que las diligencias que solicitan, y que rechazan, son «inútiles e impertinentes».
En este sentido, recrimina a las defensas que hayan utilizado su recurso pidiendo otra vez tener acceso a toda la causa para buscar, en el fondo, la recusación de García-Castellón, «olvidando que los hechos investigados revisten indiciariamente carácter de delito de terrorismo».
La sala remarca que el juzgado central número 6 asumió el caso conforme a las normas de reparto, «en modo alguno aplicadas torticeramente, como se viene a afirmar» por parte de las defensas.
Para la Audiencia, «no es procesalmente aceptable» que la defensa del empresario Oriol Soler y del directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra cuestione la apertura de las diligencias previas que dieron paso a la causa de Tsunami, «ello con el único propósito» de apartar a García-Castellón, «tras intentar en tres ocasiones su recusación».
La defensa de Soler y Serra apuntaba en su recurso que se produjo una «interpretación torticera» de las normas de reparto que «compromete la imparcialidad del instructor, quien trata de atraerse toda la investigación criminal relacionada con la actividad independentista desde 2017».
También argumentó que se está instruyendo una «causa general» sobre un «fenómeno social», sin delimitar los hechos delictivos y que al trocearse en distintas piezas se vulnera el derecho a la defensa cuando se les deniega el conocimiento de las diligencias de algunas de las partes en las que no están personadas.
Por este motivo reclamaban, entre otras, toda la información de la causa en la que fueron investigados una docena de miembros de los CDR por delitos de terrorismo por ser uno de los precedentes que dio lugar después al caso Tsunami.
«Toda la investigación criminal contra el independentismo ha sido general llevada a cabo por las mismas unidades policiales de investigación, así como por el mismo Juzgado instructor», alegaban en su escrito al cuestionar la imparcialidad de García-Castellón