El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha acusado reiteradamente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de mentir en la primera comparecencia que la líder de los 'populares' madrileños concedió pocas horas después de conocerse la investigación a su novio, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal relativo a unas facturas falsas. En aquel momento, Ayuso afirmó que era Hacienda quien debía una elevada cantidad económica a su pareja y no al contrario.
Este miércoles el líder de Más Madrid ha comparado esta situación con la apertura de diligencias a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. «Es fácil entender que no todo es lo mismo y que en un caso estamos hablando de un trámite rutinario (...) y por el otro lado lo que vemos es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconociendo haber delinquido», ha proseguido Errejón, acusando nuevamente a Ayuso de mentir «a sabiendas».
Este pasado martes se conoció que el novio de Ayuso había ofrecido a Hacienda pagar medio millón de euros y ocho meses de prisión para evitar ir a juicio, según consta en la propuesta de conformidad penal. Precisamente este miércoles se reúne la Junta de Fiscales de Sala para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña realizada desde la propia institución.
La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto. Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. Precisamente, este martes se hizo público que González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio, un documento que ya tienen los fiscales de sala para su estudio.
Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que está presente toda la cúpula fiscal- se celebrará una vez que la fiscal María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde. La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el Ministerio Fiscal, ya que no puede haber dos posturas contrarias en relación a dos casos idénticos, pues el fiscal que asumió la otra querella, la del ICAM, ya sentó criterio al sostener que no hay delito, tal como piensa también Conde.
Todo ello porque la fiscal de Madrid quiere practicar una serie de diligencias antes de redactar su informe, en concreto pretende examinar las comunicaciones del fiscal general al respecto. Al haberse abstenido en esta causa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, corresponderá a su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta, cuya postura no es vinculante para Conde antes de fijar la posición definitiva, si bien fuentes fiscales apuntan a EFE que lo normal es que no se desvíe del criterio de la mayoría.
Sgto. Pedro MarquésPor favor, haga el favor de leer la notícia antes de hablar. Este señor ha reconocido el delito y la pena es la que se detalla: La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también «una multa del 40% de la cuota defraudada», lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros. Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que está «completamente de acuerdo». «Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito. De nada.