El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, han concluido este lunes sin acuerdo la segunda reunión en Bruselas para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders.
Los tres volverán a verse de nuevo en la capital comunitaria en una fecha por determinar en la primera quincena de marzo, con el objetivo de seguir avanzando hacia una solución.
Las partes han agotado ya la mitad del calendario previsto por el comisario, quien previsiblemente dejará el cargo en esas fechas si prospera su candidatura para ocupar la jefatura del Consejo de Europa, órgano ajeno a la UE.
«Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España», ha dicho a los medios González Pons a su salida de la sede de la Comisión Europea, tras algo más de una hora de encuentro.
Al aceptar la mediación, tras las primeras dudas por lo inédito del formato y consultar con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Reynders planteó un «diálogo estructurado» con el objetivo de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y abordar también una reforma del sistema de designación de los vocales para alinearse con los estándares europeos que defienden una elección entre pares.
De este modo, el comisario se ajusta a las recomendaciones que Bruselas incluye desde hace dos años en su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la UE y que, en el caso de España, reclama «proceder con carácter prioritario» a la renovación del CGPJ «e iniciar, inmediatamente después», el «proceso» para la reforma.
Los tiempos para cumplir con el proceso son ya uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno, que sostiene que «lo urgente» es renovar el CGPJ y que una vez superada esa fase se podrá «hablar de otros asuntos», en palabras de Bolaños días antes de primera reunión con Reynders, y el Partido Popular, para quien es imperativo que tanto la renovación como la reforma del modelo vayan de la mano.
Desde la primera reunión el pasado 31 de enero, la Comisión también ha dejado claro que estos contactos se dirigen únicamente a abordar la cuestión del CGPJ y no otras cuestiones controvertidas que enfrentan al PP y al PSOE, como es la Ley de Amnistía.
Reynders ha dicho en varias ocasiones que sigue «muy atento» el proceso en España porque la ley no debe chocar con el Derecho comunitario, en lo que se refiere a la protección de los fondos comunitarios o la directiva sobre terrorismo, por ejemplo; pero que no concluirá su evaluación hasta finalice la tramitación parlamentaria y la norma adopte su forma definitiva.