Francisco Javier L. G., soldado transgénero que se declaró mujer acogiéndose a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha presentado una denuncia contra la autoridad militar por no permitirle usar los servicios de su acuartelamiento en Sevilla destinados a las mujeres.
Según ha explicado a EFE su abogado, José Antonio Sires, el primer paso en el proceso que ha iniciado es dirigir un requerimiento a la autoridad militar competente para que rectifique en las medidas adoptadas, «según ellos provisionales», de limitar a ciertas horas el acceso a los baños de mujeres a su cliente.
El letrado considera que se están vulnerando los derechos de Francisco en base a la citada normativa, conocida como 'ley trans', que establece «el mandato normativo de prohibición en el ámbito laboral de cualquier forma de discriminación en las condiciones de trabajo», y sostiene que limitar el acceso a las instalaciones del acuartelamiento, «es vulnerar las garantías de igualdad de trato».
Por otro lado, al letrado le parece «sorprendente» que se le cite a una reunión con sus mandos a la que asiste un asesor jurídico del Ejército para brindarle asesoramiento jurídico, cuando «la citada ley establece claramente que serán las administraciones públicas las que prestarán ese asesoramiento», y «nada dice de que se asista jurídicamente por parte del mismo ejército».
«A riesgo de subrayar lo evidente, el asesor jurídico actúa de parte y para nada es imparcial», ha apostillado el abogado, que ha subrayado que su cliente solo pretende «que se le de igualdad de trato que al resto de mujeres del acuartelamiento».
Hasta ahora, Francisco no ha cambiado de nombre ni se ha operado, y se declaró mujer acogiéndose a la ley trans. Como contraprestación por la prohibición de usar los baños femeninos, el Ejército le ha ofrecido un espacio de oficiales compartido por turnos con otras mujeres del mismo acuartelamiento.