El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, ha pedido a la Guardia Civil localizar al diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg, que la semana pasada anunció que se había trasladado a Suiza para preparar su defensa y ante el «miedo» a una «detención arbitraria». García-Castellón ha adoptado esta decisión en un auto, fechado este lunes, en el que argumenta que «una de las finalidades» de la investigación es «asegurar» la disponibilidad ante el juzgado de los presuntos responsables de los hechos investigados.
Al igual que sucede con el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, Wagensberg está aforado, razón por la que el juez pidió al Tribunal Supremo que asumiese el caso Tsunami para poder investigarlos formalmente, al considerar García Castellón que existen indicios de terrorismo contra ellos. Este lunes se ha conocido que el fiscal del Supremo que debe informar sobre esta petición del juez descarta indicios de terrorismo y aboga por que la causa se quede en la Audiencia Nacional.
Mientras el Supremo decide, el juez García-Castellón continúa practicando diligencias en esta causa, que nació en 2019, en la que se investigan por terrorismo los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en las protestas organizadas en respuesta a la sentencia del «procés», el otoño de aquel año.
Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este lunes una declaración unánime donde insta a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurren en «descalificaciones» a jueces y magistrados que minen la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, en respuesta a los ataques vertidos por diputados a togados la semana pasada.
Así lo han acordado los 16 vocales que integran actualmente el CGPJ, tras rebajar el texto inicial propuesto por los nueve vocales que, junto al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, forman el bloque conservador: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona.
Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar «críticas desmedidas» de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la «contención», todo ello para «no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial».
Sin embargo, en la declaración finalmente aprobada se han eliminado ambas referencias para señalar que «debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial».
Estos nueve vocales veían necesario que el CGPJ hiciera un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el pasado 30 de enero en la Cámara Baja por varios diputados durante la sesión plenaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía, «ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta». Centrándose en las manifestaciones vertidas por diputados, el Pleno razona que el hecho de que «se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación». «Máxime, teniendo en cuenta que en el debate social y parlamentario sobre la referida proposición de ley se vienen profiriendo acusaciones de 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial», apunta.
Por ello, rechaza «con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo», al tiempo que recalcan que seguirán defendiendo «la independencia del Poder Judicial, residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles».
Respeto institucional
«Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado», sostiene el conjunto de los vocales. Además, subrayan que «el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado», recordando en este sentido que, como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, «ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones publicas».
Recuerdan igualmente que, conforme al Consejo Consultivo, «las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo» y que «existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial, por otra parte».
Durante la sesión parlamentaria del 30 de enero, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el 'procés'; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga 'Tsunami Democràtic'; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el 'caso Voloh'.