Antes de elevar la causa de Tsunami Democràtic al Supremo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cursó una comisión rogatoria a Suiza para obtener datos de una cuenta desde la que se habría financiado a la plataforma a la que se responsabiliza de las protestas tras la sentencia del 'procés', como la que bloqueó el aeropuerto del Prat (Barcelona).
Precisamente ese día, el 14 de octubre de 2019, una persona con el nombre de 'Nicola Ticiono' le transmite a Josep Lluis Alay, persona de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont, que dispone de «bastante dinero» en un banco catalán y que puede financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes, según explica el juez en el auto al que ha tenido acceso EFE. Alay le indica entonces que lo va a consultar y, dos horas más tarde, le responde que es posible ofrecer dinero directamente a la organización de la protesta llamada Tsunami Democràtic a través de una cuenta en Suiza a nombre de Jaume Cabani Massip, y le facilita IBAN y SWIFT, así como la dirección del banco.
'Nicola Ticiono' ha sido identificado como el financiero italiano Nicola Foglia, entre otros elementos, porque en un mensaje hallado en el móvil intervenido a Alay cuando fue detenido, él mismo dice: «Soy Nicola Foglia, expresidente de la juventud socialista». En la citada conversación, que también ha sido extraída del móvil de Alay, Nicola afirma que donará 6.000 francos suizos, 5.000 de su parte y 1.000 de parte de su hermano. Alay le responde dándole las gracias y que informará a Tsunami, además de indicarle que la protesta de ese día 14, «que al día siguiente habrá otra, pero no sabe cuál será, que es Tsunami quien diseña la estrategia».
Nicola le contesta que el dinero puede utilizarse en otra acción y Alay le pregunta si puede dar su nombre a «los otros», y éste le da su consentimiento. Por todo ello, el juez pide a Suiza todos los datos disponibles de esta cuenta: tarjetas de crédito, productos financieros suscritos, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones, así como los movimientos de la cuenta desde su creación hasta junio de 2020. También reclama datos sobre las transferencias recibidas y emitidas, destinatarios de cheques emitidos y recibidos, prestamos suscritos y seguros que pueda tener asociados a esa cuenta.
En su resolución, el magistrado recuerda que otra de las personas investigadas en esta causa, Marta Rovira, se encuentra huida de la justicia española desde marzo de 2018 y actualmente reside en Suiza. Se sospecha que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami en agosto de 2019, y en la que está «acreditado indiciariamente» que también acudió Puigdemont, al que el juez le otorga un «rol de liderazgo» en esta iniciativa.
Dado que el expresidente catalán es aforado por su condición de eurodiputado, el magistrado acordó ayer remitir las actuaciones al Supremo para que decida si asume la causa que se dirige contra Puigdemont, Rovira y otros diez más por las acciones de Tsunami que, según García Castellón, «encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea». Además del riesgo para la seguridad que supuso el bloqueo de El Prat, el juez achaca también a esta protesta la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto y calcula el perjuicio económico que causó, así como los daños materiales, en 2.195.595 de euros.