Cerca de 30 organizaciones vecinales y asociaciones profesionales unirán sus fuerzas este domingo en defensa de la Sanidad Pública en una nueva manifestación en Madrid para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño, con un panorama que sigue siendo «desolador» a pesar de los avances en las últimas semanas para atajar la conflictividad laboral entre los sanitarios. Una nueva edición de la marcha que el pasado 22 de octubre salió a la calle y que se repetirá este domingo para recordar la «urgente» necesidad de una mayor financiación y mejores condiciones laborales en la Sanidad madrileña, ante un panorama que «sigue siendo desolador» a pesar de los «parches» que se están intentando poner por la cercanía de las elecciones, explican los organizadores. A poco más de dos meses de la cita con las urnas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha logrado rebajar la tensión con los profesionales sanitarios que motivó la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria con un acuerdo que puso fin a casi cuatro meses de paros y tiene encauzado el cierre de un pacto con los facultativos de Atención Hospitalaria, con un documento de compromisos.
La Sanidad ha sido uno de los quebraderos de cabeza del Ejecutivo madrileño en los últimos meses, con dos movilizaciones convocadas por los vecinos de los distritos y los barrios de Madrid que abarrotaron las calles de la capital y con protestas que todavía continúan por el nuevo modelo de urgencias extrahospitalaria o la situación de Atención Primaria. Todo ello en un contexto de falta de profesionales y reclamaciones de un aumento de inversión presupuestaria a los que el Gobierno ha intentado poner soluciones con unos presupuestos autonómicos prorrogados por la falta de apoyo de Vox a las cuentas públicas y un consejero al frente de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ya conoce que su futuro está fuera del departamento. Nuevamente, decenas de entidades sociales, profesionales de la sanidad y del ámbito de la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios, con el apoyo de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU, saldrán a la calle para denunciar un modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lleva a que la salud madrileña «agonice».
Según los organizadores, los problemas sanitarios en la región «siguen sin resolverse» y prosigue el deterioro del sistema debido a «las continuas políticas de recortes y de promesas incumplidas llevadas a cabo durante estos años por el Gobierno regional», al que acusa de anteponer «el interés económico, favoreciendo claramente al sector privado, a conservar y fortalecer el sistema sanitario público».
Plaza de España
Esta nueva protesta arrancará a las 12 horas de Plaza de España para llegar hasta Atocha bajo el lema 'Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad' y servirá para denunciar que la Sanidad madrileña está «infrafinanciada», con la comunidad como una de las que menos recursos por habitante dedica en España y Europa. Una marcha que contará con una «columna médica» de batas blancas del sindicato médico Amyts, convocante de la huelga en Atención Primaria y de varias jornadas de paros en Hospitalaria, y un papel protagonista para los trabajadores de urgencias extrahospitalarias --los antiguos SAR y SUAP ahora convertidos en Puntos de Atención Continuada (PAC)-- que continúan reclamando equipos completos en los centros (con médico, enfermera y celador).
Así, frente a una sanidad madrileña que «agoniza» por culpa un modelo que desmantela la Sanidad Pública, se pedirá aumentar de manera «urgente» la financiación en materia de Sanidad y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. «Unos Presupuestos cada vez más insuficientes, inversiones desequilibradas en el ámbito hospitalario, abandono de la atención primaria y de proximidad, el maltrato a los profesionales y su fuga hacia regiones con mejores condiciones laborales, están deteriorando a pasos agigantados la atención sanitaria que se ofrece a la ciudadanía en los centros públicos e incrementando de forma exponencial las listas de espera», lamentan.
Un refuerzo presupuestario especialmente importante en Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 25% del gasto sanitario, que debe alcanzar al menos la media nacional, situada en el 6,9% del PIB (Madrid es la última con un 4,7%). Así, ven imprescindible también mejorar las condiciones laborales del personal y poner fin a la temporalidad laboral «para conseguir que trabajar en la sanidad pública madrileña resulte atractivo». Todo ello apoyado en un plan para acabar con las listas de espera que acumulan más de 800.000 personas.
En su manifiesto, los convocantes también exigirán acabar con las privatizaciones y externalizaciones de los servicios, fomentando su reversión a la gestión pública directa, así como retirar la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, «toda una declaración de intenciones para futuras privatizaciones». En este punto, apuestan por reforzar los «mermados» servicios de salud pública, dotándolos de plantillas suficientes para el desarrollo de su funciones.
Para ello, los convocantes consideran necesario aumentar la transparencia económica y mejorar el diagnóstico de la situación y la coordinación entre Consejerías para una mejor atención sociosanitaria en las residencias de mayores. Reclamarán asimismo mantener funcionando con equipos completos todos los servicios de urgencias extrahospitalaria de Atención Primaria, ya que la saturación y presión en las urgencias hospitalarias así lo demandan, respetando las condiciones laborales de sus profesionales y garantizando la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.
Esto se debe apoyar en un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias, paralizado desde 2016, y una nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sustituya a la LOSCAM de 2001, así como en un incremento del número de camas hospitalarias de media y larga estancia. Y al mismo tiempo apuestan por el uso racional de medicamentos y un control riguroso de este gasto, que según remarcan supone un desvío anual de casi 2.500 millones de euros. Finalmente, también ven necesario garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo o la calidad de los cuidados paliativos y el desarrollo de la ley de la eutanasia, entre otras demandas.