La ley del 'solo sí es sí' ha motivado una crisis en el Gobierno, que podría definirse como una de las de mayor calado de las que han sufrido hasta la fecha si los socios no logran llegar a un acuerdo. Según ha avanzado este lunes la cadena Ser, el Ministerio de Justicia tiene una propuesta para modificar la normativa que consiste en elevar las condenas por agresión sexual cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima por cualquier medio. El objetivo es evitar que se sigan produciendo rebajas de penas a violadores.
El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí' asciende al menos a 338, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Eso está provocando un desgaste muy importante del Ejecutivo, a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales -el próximo 28 de mayo- y todo apunta a que nacionales -a finales de 2023-.
Según ha avanzado El País, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido como cada lunes a su equipo de máxima confianza y en esta ocasión se han centrado en la ley del 'solo sí es sí'. El jefe del Ejecutivo ha ordenado la modificación del citado marco normativo. El primer paso para hacerlo es buscar el consenso con Podemos, pero si finalmente estos no ceden los socialistas presentarán la proposición de ley en solitario en el Congreso, basada en la propuesta del Ministerio de Justicia. Las consecuencias de esta medida serían drásticas; el PP no ha desaprovechado el filón y ya ha anunciado que votaría a favor.
Podemos acepta cambios, pero rechaza la propuesta del PSOE
No obstante, no parece que los socios de Gobierno estén por la labor de romper la coalición y desde el Ministerio de Igualdad se han mostrado dispuestos a realizar cambios en las penas, siempre que no afecten al consentimiento. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha manifestado que «hemos presentado propuestas, no puedo detallar pero sí que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos en que son una minoría», ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha asegurado que desde el Ministerio de Igualdad han estado trabajando «sin descanso» desde el pasado mes de diciembre y han presentado al PSOE hasta tres propuestas de reforma en materia penal que, a su juicio, «van a dar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos a futuro» y «pueden ayudar a aliviar la situación de preocupación social». Por el momento, Rodríguez ha rechazado del PSOE porque entiende que supone volver al modelo anterior «que supone un calvario probatorio para las mujeres».
Igualdad propone un plan urgente de diez medidas urgentes
Para contrarrestar la propuesta socialista, el departamento liderado por Irene Montero ha propuesto un plan de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual. La primera de ellas consiste en doblar los juzgados exclusivos de violencia de género y extender sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. También se prevé reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales.
Otra de las claves consiste en aumentar el número de agentes dedicado en exclusiva a la protección de las víctimas; así como ampliar competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual, e instalar 'puntos violeta'. También se apuesta por «garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas» y que se las incluya en el Servicio de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género) desde este mismo año, así como aumentar el número de dispositivos.
Además, se propone un «refuerzo de las unidades de valoración forense integral» y la formación especializada en violencia machista a todo el personal de la Justicia, Interior, Educación y Sanidad. Las ayudas a las víctimas y la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica son otras de las claves del citado plan.
Desde el Ministerio de Igualdad han querido dejar claro que no existe «ninguna reforma penal» de la ley del 'solo sí es sí' que pueda impedir las revisiones porque «son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley».