Federico García Lorca es considerado uno de los grandes poetas que han desplegado su arte por España en los últimos cien años. El autor de la generación del 27 ha sido ensalzado y estudiado dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, el hecho de que su cuerpo permanezca en paradero desconocido supone para muchos un pecado original que las instituciones democráticas deben trabajar por revertir. García Lorca es uno de los fusilados por el fascismo en nuestro país. Es uno de los olvidados en las cunetas sobre quienes el franquismo trató de echar tierra encima, para que su memoria y ejemplo no cundiera para las generaciones posteriores. Pero existen más.
García Lorca vivió la situación relativamente tranquila de su Granada natal al principio de la revuelta que dio origen al golpe de Estado. Sin embargo, sintió con especial sentimiento la pérdida de su cuñado, Manuel Fernández-Montesinos, al frente de la alcaldía de la ciudad y fusilado poco después por este motivo. Refugiado en casa de un amigo, hermano de dos destacados miembros de Falange y por ello creyéndose más a salvo que en los círculos que solía frecuentar, la Guardia Civil se personó para detenerlo. No volvería a ver a los suyos.
El hispanista de origen irlandés Ian Gibson remarca que el bando nacional creía que García Lorca «espiaba para los rusos, además de estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario del socialista Fernando de los Ríos, quien era amigo personal de la familia, y ser homosexual». De la sede del Gobierno Civil utilizada como centro de detención por los sublevados, fue llevado a Víznar. Se cree que a Federico García Lorca lo mataron minutos antes de las cinco de la madrugada del 18 de agosto de 1936. Su cadáver jamás fue entregado a sus familiares. Se cree que aun hoy descansa en una fosa común aun sin identificar en los parajes que trufan el camino entre Víznar y Alfacar.
Pero en el barranco de Víznar no descansan solos los huesos de García Lorca. Junto a las numerosas víctimas que allí reposan sin los honores debidos se tiene constancia cierta de otros tres fusilados, un maestro llamado Dióscoro Galindo y dos banderilleros anarquistas, Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí Melgar. El escritor José Saramago recuerda en Tierra de poetas y huesos lo que contestó la nieta del docente fusilado Galindo cuando unos periodistas le preguntaron «dónde llevaría los restos de su abuelo, si finalmente se encontraran: 'Al cementerio de Pulianas'. Hay que aclarar que Pulianas, en la provincia de Granada, es la aldea donde Dióscoro Galindo trabajaba y la familia sigue viviendo. Sólo las páginas de los libros tienen vuelta, las de la vida, no».
Acabada la Guerra Civil los cementerios de las capitales españolas fueron lugar habitual de fusilamientos, y los cadáveres echados a fosas comunes. Entre ellos destacan la presencia de maestros, alcaldes, jueces, policías, militares y gobernadores que ejercieron su profesión en la etapa republicana, aunque no faltaban tampoco los artesanos, jornaleros, y estudiantes.
Según el Gobierno, «la construcción jurídica de la represión política que siguió a las eliminaciones selectivas e indiscriminadas de los primeros momentos de la sublevación, se materializó por parte de los vencedores en un entramado institucional especializado y coordinado, para castigar y doblegar a los denominados enemigos de España, como los Consejos Guerra, la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y, más cercano en el tiempo, el Tribunal de Orden Público. Todas las instituciones franquistas implicadas en la persecución política y social, en virtud de su minuciosidad, generaron una ingente masa de documentación, conservada en su mayoría» y es trabajo de los investigadores estudiarla en pro de la verdad.
Con el paso de la Ley de Memoria Histórica a la Ley de Memoria Democrática el ejecutivo central prevé actualizar el mapa de fosas virtual, un proyecto que busca localizar todas las fosas comunes del país y poner esta información al alcance de los ciudadanos. Hasta ahora están comprometidas en la misión las comunidades autónomas de Aragón, Asturias y Canarias, y en los últimos tiempos se les han sumado Baleares Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, y Navarra.