La guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso avanza con más sombras que luces. Las esperadas declaraciones de este viernes del líder del PP sobre el «espectáculo lamentable», que, según él, está dañando la imagen del partido, devuelven a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la casilla de inicio, en una nueva oportunidad de aclarar la trama en torno a la 'mordida' que percibió su hermano de un contrato público de mascarillas en 2020. Casado ha respondido a las acusaciones de espionaje de Ayuso, ha descartado que la información le llegara de Moncloa y ha dejado a Ayuso en una situación crítica: o bien lo que hizo fue éticamente reprobable o bien se cometió un delito. «No es ilegal», pero la comisión «es de un un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias», ha dicho.
Casado ha puesto sobre la mesa la cifra exacta de la que se benefició el hermano de la presidenta madrileña. Concretamente, 286.000 euros. «Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros», ha dicho al periodista Carlos Herrera en Cope. El contrato en cuestión fue por valor de 1,5 millones de euros, otorgado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive S.L, la empresa de un conocido del hermano de Díaz Ayuso. «Habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro». Casado ha dado una de cal y otra de arena, y sobre todo no ha querido dar nada por seguro. No acusa, sólo advierte: «Si hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar, el adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid es esta cantidad, en concepto de este trabajo, entonces, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad».
El líder de los populares ha recalcado que desea «fervientemente» que no haya irregularidad, ha reconocido sentirse «decepcionado» y ha rogado: «Todo esto tiene que acabar». Casado ha negado cualquier campaña contra Ayuso, ha recordado que él es quién la ha designado y ha señalado que él no se merece las acusaciones de la presidenta madrileña en su contra ni la «lluvia mediática» de «desprestigio» e «insidias» que cree que se desplegó en su contra tras pedir cuentas a la dirigente.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid. «Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», ha defendido a través de un comunicado este viernes, donde ha subrayado que da esta explicación tras poner «en tela de juicio» la Dirección del PP su «honorabilidad» y la de su Gobierno.
En el mismo, Ayuso ha reconocido que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de su hermano y nunca ha interferido en ella. Ha admitido que quizás haya sido «en error» pero le parece «denigrante» tener que aclarar las relaciones comerciales de su hermano con una empresa «por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido». La presidenta madrileña ha explicado que su hermano envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según ha detallado, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros. Así, ha expuesto que en ese momento, abril de 2020, las siguientes empresas vendieron mascarillas a precios superiores: Biogen (FP3: 10,5€), Palex (FFP2: 6,5€), Lost Simetry (FFP2: 6€), Helianthus (FFP2: 5,95€) y Barna (FFP2: 5,30€).
Ayuso ha explicado que la «factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto». «Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA», ha especificado. La presidenta ha subrayado que del resto de facturas no tiene que dar cuenta «porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid» y su hermano tiene «derecho a su privacidad». «Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes», ha señalado, al tiempo que ha asegurado que facilitará el informe del secretario del Consejo de Gobierno en el que se recoge que no ha tenido «ningún deber de abstención en este contrato».