El dueño de le empresa de seguridad Mira, Julio Gutiez, aseguró este viernes que rechazó una oferta que le llegó para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien su partido, el PP (derecha), presuntamente ha investigado por una comisión que supuestamente recibió su hermano en un contrato de emergencia para comprar mascarillas. «Yo Julio Gutiez y mi empresa Mira lo que han hecho es acogerse a la legalidad y no realizar una investigación ilegal que puede perjudicar a terceros, es lo único que he hecho», aseguró el empresario, que está de visita en Bogotá por motivos profesionales, a El Confidencial Colombia.
El líder del PP, Pablo Casado, acusó este viernes a Ayuso de haber creado un «montaje», el de un «espionaje» en su contra, al destapar audios donde se habla de esa práctica; uno de esos audios era de Gutiez hablando de «personas vinculadas a alguna empresa del PP» que se encargaron de espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Quiero dejar claro que yo soy noticia por haber rechazado una oferta de un trabajo ilegal; por ser honrado y cumplir con la legalidad. Lo que no entiendo es que sea noticia por eso», dijo a este medio colombiano el empresario, cuyo nombre se hizo público en otro caso de espionaje también en la Comunidad de Madrid, al expresidente Ignacio González, en prisión preventiva por un caso de corrupción en España.
En ese caso, Gutiez y el jefe de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, fueron acusados de revelación de secretos en la región madrileña. Sin embargo, Gutiez aseguró que esta vez recibió un encargo, sin decir ningún nombre, pero subrayó que: «cuando veo lo que solicitan, veo que es un tema ilegal hacer ese tipo de investigación, o pedir ese tipo de información, y lo rechazo». «Estoy seguro que después de nosotros fueron por otras, pero no sé a ciencia cierta, aunque he oído varios comentarios por otras personas», dijo.
El Partido Popular vive una crisis interna por la ruptura entre dos de sus grandes líderes, Casado y Ayuso, que se intensificó el jueves cuando se revelaron datos de un supuesto contrato que la Comunidad de Madrid asignó a Priviet Sportive, empresa de su hermano, en abril de 2020, y una presunta investigación de espionaje encargada por el PP sobre la presidenta autonómica.
La polémica ha saltada sobre un contrato para la compra de mascarillas FFP2 y FP3 por valor de 1,5 millones de euros (1,7 millones de dólares), en el que iría incluida una supuesta comisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en que no influyó en la adjudicación del contrato a la empresa vinculada a su hermano y niega que lo que cobró de Priviet Sportive fuese «una comisión por obtener el contrato de la administración». «Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», recalcó en un comunicado la dirigente madrileña, en el que se explicó, puesto que la «honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mía personal» está «en tela de juicio por la Dirección Nacional de mi partido».