El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que, mientras aumentan los casos de agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios, el Gobierno y las comunidades autónomas siguen sin impulsar una ley estatal, como la que ellos han propuesto, y que contempla más de 50 medidas y acciones para frenar este asunto. En este sentido, el sindicato ha subrayado que el entendible hartazgo y frustración de la población al constatar los problemas de recursos y medios que tiene nuestra sanidad pública en plena sexta ola de la COVID-19 está propiciando que un mayor número de personas lo esté pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de incansable lucha contra la pandemia.
Por ello, los casos de violencia aumentan mientras que las administraciones «no impulsan medidas eficaces para evitar este tipo de situaciones que afectan, especialmente, a los profesionales por su contacto más cercano y continuado con pacientes y familiares». Antes de la llegada de la pandemia, Satse, insiste, en que presentaron al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de las comunidades autónomas una propuesta de ley estatal que dé una respuesta eficaz, conjunta y coordinada a un grave problema que sufren ocho de cada diez enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional. Así pues, se proponen, entre otras medidas, generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea óptima en cualquier estancia del centro.
Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del ciudadano que se haya visto involucrado en un acto de violencia contra los profesionales sanitarios y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera/o e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares. Asimismo, piden que los profesionales atiendan con medidas de seguridad a aquellos pacientes que ya tengan antecedentes por un acto de violencia y que los sanitarios sean acompañados por las fuerzas de seguridad en caso de prestar atención sanitaria a estos pacientes. Por último, Satse resalta la necesidad de aportar a los profesionales sanitarios los datos, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su actividad con mayores garantías de no sufrir daños. Así, propone, por ejemplo, adquirir y mantener una formación adecuada en defensa personal contra los actos de violencia.
Creación de la figura del delegado de prevención
Por otro lado, la organización sindical ha destacado la importancia de crear la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada. Una vez registrado un caso de agresión, desde el Sindicato de Enfermería se propone, entre otras medidas, la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública, SATSE aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.