Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra son las comunidades autónomas que han anunciado, a fecha de este miércoles, que están estudiando la posibilidad de implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados espacios, a la vez que muchas de ellas, además de Andalucía y Castilla y León, han exigido al Gobierno central que tome una decisión a nivel estatal sobre este asunto. Así, ya son siete las comunidades autónomas que en las últimas horas han adelantado que están sopesando esta posibilidad del pasaporte de vacunación para evitar adoptar otras restricciones que tengan que ver con limitaciones de aforo o de horario ante el incremento de los contagios.
Uno de los últimos en sumarse a este planteamiento ha sido el presidente de Aragón, Javier Lambán, quién ha anunciado que Sanidad está estudiando la posibilidad de implantar el Certificado COVID. Esto se haría, según ha dicho, o bien a través de una solicitud ante la Justicia, que ya lo denegó, o tratar de que esta medida se pueda implementar desde el Ministerio de Sanidad. Por su parte, desde el Gobierno de Canarias tampoco descartan volver a solicitar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que se requiera el certificado COVID para interiores, después de que en su momento hicieran esa petición, si bien fue rechazado.
También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que el pasaporte de vacunación es una «buena herramienta para fomentar la vacunación y minimizar riesgos», un hecho que ha quedado demostrado, ha dicho, en eventos como un macrofestival celebrado en octubre en Murcia, donde 5.000 personas, previa presentación de este documento, participaron, y no se tiene constancia de ningún contagio. «Por lo tanto, creo que funciona y que es una de las vías que hay que implementar», ha argumentado.
Legislar al respecto
En el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al Gobierno central que «ejerza su liderazgo» y adopte una decisión en torno a la aplicación del Pasaporte COVID con el fin de «coordinar» a las autonomías en lo referente a la gestión de la pandemia de COVID-19. En parecidos términos se han expresado desde la Junta de Andalucía, donde hacen un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que acuerde junto a las comunidades autónomas una estrategia común en torno al uso del pasaporte de vacunación.
Algunas CCAA ya han pedido aval a los tribunales
Uno de los primeros en plantear esta posibilidad fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. De hecho, su Ejecutivo está a la espera de un informe definitivo de la Abogacía para aplicar el pasaporte COVID en los espacios «donde sea razonable», que el propio Puig no ha concretado ya que se está «avanzando» en esa «cobertura legal» y, una vez se tenga, se hará público con el sector.
Por su parte, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha adelantado que en Euskadi se suspenderán aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar las medidas de prevención y se solicitará al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el Certificado COVID-19 en lugares de ocio nocturno o de restauración. En el caso de Cataluña, la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que valorarán ampliar el uso del certificado COVID para evitar nuevos cierres y restricciones si se mantiene el aumento «significativo» de casos que han detectado durante las dos últimas semanas. Por último, el Gobierno de Navarra también está estudiando la posibilidad de solicitar este pasaporte COVID ante una situación que consideran que «no es favorable».
Posición del Gobierno
Sobre estas peticiones se ha pronunciado esta misma mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quién considera que hay un «camino abierto» para que las comunidades lo soliciten porque el Tribunal Supremo (TS), en una resolución judicial, así lo marcó exponiendo que el mismo «estaría justificado» en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica. No obstante, el pasado mes de julio --fecha en la que varias CCAA también lo pidieron--, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declinó por el momento estudiar una fórmula para que fuera necesario disponer del Certificado COVID-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes. En aquel entonces, Rodríguez justificó esta decisión en que eso sería «estigmatizar» a la población joven, que en ese momento era la que aún se encontraba sin vacunar.