El número de casos de violencia y acoso hacia los profesores aumentaron cerca de un 23% en el curso 2020-2021 debido a la vuelta a la presencialidad, según el último informe del servicio del Defensor del Profesor de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). La organización reclama que se cree una Ley de Autoridad del Profesorado.
Este sindicato registró un total de 1.960 casos en todo el territorio español, 366 más que durante el curso 2019-2020, siendo los más destacados aquellos relacionados con la convivencia entre docentes y alumnos y entre docentes y padres. Según los datos del informe, se registró un leve incremento en las amenazas de alumnos a profesores, pasando de un 12% de las actuaciones a un 13%. También se ha producido un aumento en los problemas para dar la clase, de un 21% en el curso 2019-2020 a un 23% en el informe actual. Asimismo, se han registrado más faltas de respeto, según recoge el Defensor del Profesor de ANPE, pasando del 22% al 23% en 2020-2021. Respecto a la problemática de acoso del alumnado al profesor, también se ha producido un ligero aumento, al pasar del 11% a un 12% de las actuaciones, mientras que el ciberacoso se estabiliza con un 11%. Los casos de agresiones de alumnos a profesores se mantienen en un 5%.
Este servicio puesto en marcha por este sindicato en 2005 también registra casos de acoso y violencia hacia los profesores por parte de las familias. En ese caso, el informe señala que se produce un aumento en 4 de los 7 indicadores o variables recogidas en el curso 2020-21, como son: acoso, denuncias, faltas de respeto y ciberacoso. Las faltas de respeto a profesores pasaron del 27% al 29%; el acoso de padres aumentó de un 29% a un 30%; las denuncias subieron de un 17% a un 20%; y el ciberacoso del 5% al 9%. Con respecto al indicador de las presiones para subir las notas, se ha producido una estabilización en un 8%, al igual que en los casos de agresiones, que se mantienen en un 2%.
En cuanto a la evolución de la salud del profesorado, el informe revela que en el 77% de los casos atendidos, los profesores presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11% mostraban síntomas depresivos y un 10% estaba de baja laboral. Del conjunto de actuaciones del Defensor del Profesor, la mayoría (44%) se produjeron en Primaria y Secundaria (38%). Sólo un 6% de los profesores que acudieron a este servicio provenía de la Educación Infantil y un 8% de Formación Profesional.
En lo relativo a la evolución de servicios prestados por parte del Defensor del Profesor, ANPE destaca que existen algunas diferencias en las actuaciones que se han producido este curso con respecto al curso anterior debido a la recuperación de la presencialidad en las aulas. Así, las intervenciones que más se han demandado son el asesoramiento profesional (93% de casos) y el apoyo laboral y psicológico (80%).
La asesoría jurídica se sitúa en un 26% de las actuaciones, aunque los docentes que llegan a juicio representan únicamente un 0,5% del total de las intervenciones atendidas en el servicio.
Desde 2005, un total de 40.445 docentes han sido atendidos por este servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, una cifra que «no deja de ser una exigua cantidad en relación con los casos reales», según manifiesta ANPE, que asegura que los docentes que contactan con este sindicato son fundamentalmente de la enseñanza pública. Por todo ello, ANPE reitera la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del Profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado; el establecimiento de medidas de prevención y protocolos de actuación ante casos de acoso; y la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación y FP, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.