Los investigados y los testigos del caso de la anciana de 97 años de L'Hospitalet de Llobregat desahuciada por error han admitido este jueves ante la jueza que el desalojo del inmueble fue una equivocación, aunque han rechazado los delitos que se les atribuye.
El cerrajero y un representante de la propiedad, que figuran como investigados, y una procuradora y un gestor judicial, que constan como testigos, han comparecido en el juzgado de Instrucción número 2 de L'Hospitalet, fruto de la querella que presentó la familia por los delitos de prevaricación, robo, hurto y allanamiento de morada.
La anciana en cuestión, Rosario Bravo, fue desahuciada por error el pasado mes de febrero, mientras pasaba unos días en casa de su hijo, del piso en el que ha vivido durante más de 60 años, que fue vaciado, y perdió gran parte de sus bienes personales, como su libro de memorias o recuerdos y objetos familiares.
Ya entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció el error, pero responsabilizó al representante de la propiedad por indicar incorrectamente el inmueble, pues la orden de lanzamiento era para el ático primera, y no para el piso de arriba, el sobreático primera de Rosario.
Sin embargo, en declaraciones a los periodistas, el abogado de la familia, Jesús Rodríguez, ha señalado que de las declaraciones se concluye que ningún representante de la propiedad estuvo presente en el lanzamiento y que únicamente estaban el cerrajero, el gestor judicial, la procuradora de las fincas, más los operarios que vaciaron el piso, que por ahora no están identificados.
«Han reconocido que se ha cometido un error, ellos lo llaman error yo lo llamo negligencia», ha aseverado Rodríguez, que ha avanzado que solicitarán a la jueza nuevos interrogatorios y testificales.
A la espera de cómo evoluciona la vía penal, la defensa de la familia también tiene previsto presentar otra denuncia, en este caso civil, para reclamar una indemnización «por los bienes sustraídos y el daño moral».