El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Asociación Médica Mundial (AMM) han coincido en alertar de existe un riesgo de aumento del tráfico de órganos por la desigual distribución de la riqueza, el progreso técnico de los trasplantes y la migración.
Así se puso de manifiesto el pasado mes de septiembre en la sesión científica 'El Médico en la donación y el trasplante de órganos: implicaciones éticas', y cuyas conclusiones el CGCOM publica con motivo del día mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes, que se celebra mañana, 14 de octubre.
La primera conclusión es que los gobiernos y los profesionales han hecho un llamamiento para desarrollar la donación de personas fallecidas hasta su máximo potencial terapéutico, sin embargo, las tasas de donación varían entre países, incluso cuando se comparan con otros cuya realidad socioeconómica similar. Una de las razones que explican estas variaciones es la diferencia en los cuidados que se prestan a los pacientes al final de la vida.
Por otro lado, lamentan que la donación en asistolia ha sido desarrollada por un número limitado de países en el mundo a pesar de que hay pacientes que fallecen diariamente en circunstancias que permitirían este tipo de donación; asimismo, cuando se aborda la cuestión de si los profesionales deben ofrecer la donación como parte de los cuidados al final de la vida, consideran que es fundamental hacer un análisis de los hechos y de los resultados relevantes para todos los implicados: el paciente, su familia, el receptor del trasplante, los médicos y enfermeros de la UCI y la sociedad en general.
Respecto al tráfico de órganos y al turismo de trasplantes, los profesionales exponen que existen cuatro aspectos importantes que se deben tener en cuenta según se ha señalado. Por un lado, el tráfico de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos son delitos que vulneran derechos humanos fundamentales y suponen graves riesgos para la salud individual y para la salud pública.
«La realidad actual revela un riesgo de aumento de la frecuencia de estas prácticas impulsado por la alta demanda de órganos, la desigual distribución de la riqueza en el mundo, el progreso técnico de los trasplantes y la migración», advierten.
Por otro lado, los profesionales sanitarios pueden enfrentarse a diferentes situaciones en su práctica clínica que les sitúan en posición de prevenir y combatir los delitos relacionados con los trasplantes: mediante la información a pacientes que pueden estar considerando viajar al extranjero para recibir un trasplante; durante la evaluación de parejas de donante y receptor; y cuando atienden a los receptores de trasplantes que regresan a su país después de un trasplante en el extranjero para su seguimiento clínico.
Asimismo, han explicado que los profesionales sanitarios pueden enfrentarse al dilema de respetar la confidencialidad y la privacidad de sus pacientes y la obligación de denunciar delitos relacionados con los trasplantes.
También, ha destacado el DNA-PRO-ORGAN, por el momento centrado en el trasplante de riñón, es un programa operativo concebido por la Universidad de Granada (España) y apoyado por la OMC-CGCOM y la ONT que promueve la creación de bases de datos de muestras biológicas que mantengan la trazabilidad del donante a receptor y viceversa.