Un clima favorable, una cultura y forma de ser que invita a socializar en la calle, el bajo poder adquisitivo de los jóvenes y la falta de medios policiales para hacer cumplir las normativas, explican que cada fin de semana se organicen botellones en cualquier localidad española, pese a que el coronavirus los ha puesto en el centro del debate como foco de contagio.
BOTELLÓN Y JUVENTUD
Manuel Herrera, doctor en sociología y docente del Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja, explica que el botellón como fenómeno sociológico está asociado a la cultura juvenil y surge en España a principio de los 90 como espacio de socialización al margen de los horarios reglados y los tiempos estandarizados.
En su opinión, en España ha calado profundamente por el clima y la permisividad con respecto al alcohol, «pero también por la mayor sociabilidad que tiene la juventud española, que es mucho más expansiva y abierta» que en países del centro o norte de Europa.
Señala también un componente fundamentalmente económico, ya que «los escasos recursos de los jóvenes les obliga a buscar espacios de diversión lejos de donde tengan que pagar por una copa unos precios que se salen totalmente de sus presupuestos».
Asimismo, ve un «elemento cultural, porque es un espacio de compartir, un espacio generalmente nocturno en el que esas tribus urbanas sacan todo el mundo vital que llevan dentro», además de que «en una sociedad individualista como la nuestra, fenómenos como el botellón, que tienen un carácter colectivo, sirven como instrumento para construir ese nosotros compartido que dentro de la juventud adquiere una especial importancia».
LOS GRANDES OLVIDADOS
Para el psicólogo Enric Valls, los jóvenes «sienten que han sido los grandes olvidados de la pandemia» y ahora ven que son «el centro del foco» en una actividad que para ellos es «un modo de socializar, de conocer gente, de reforzar el sentimiento de pertenencia, de olvidar las penas del día a día».
Valles indica que los botellones cada vez «están más en auge como forma de relacionarse» a pesar de la pandemia porque la etapa de la adolescencia se vive como una época de grandes cambios con un sentimiento de «omnipotencia» y sin percepción del riesgo.
«Se creen superhéroes» y «se apuntan al botellón pensando que no van a enfermar y no les va a pasar nada», a lo que hay que unir que «se ha implantado la creencia de que para pasarlo bien hay que consumir alcohol», asegura.
CONTROL DEL CONTAGIO
El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aaron Cano (PSPV), alerta de que si no hubiera vacuna contra el coronavirus, lo que está pasando actualmente «convertiría la ola de las pasadas navidades en una broma».
Admite que no se puede controlar «que la gente salga de sus casas», y opina que «es demasiado» trasladar a la Policía Local la responsabilidad de evitar los contagios por botellón, responsabilidad que «debe recaer en cada persona» y no en unos funcionarios públicos que «no tienen entre sus funciones el control del contagio».
Cano alerta de la dificultad para sancionar, ya que la denuncia tiene que estar refrendada por una prueba de laboratorio que certifique que la sustancia es alcohol, y eso implica también custodia de la prueba, lo cual «en una con concentración de cientos o miles de jóvenes hace muy difícil la sanción».
BOTELLÓN Y DERECHO DE REUNIÓN
¿Se puede conciliar botellón y derecho de reunión? El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida lo considera «complicado» y estima que debe salvaguardarse el derecho de reunión pero con limitaciones, especialmente en pandemia por las aglomeraciones de personas que deben guardar distancias de seguridad.
Sobre las sanciones, recuerda que las ordenanzas municipales aplican un principio general de presunción de veracidad de los agentes de la autoridad, pero comparte la opinión de muchos jueces que, cada vez con más frecuencia, exigen en las sentencias que los policías aporten los medios de prueba necesarios para demostrar que se está actuando de manera ilícita.
Asimismo, opina que prohibir el consumo de alcohol en público no es inconstitucional, porque se fundamenta en razones de salud pública.
ACTUAR ANTE EL BOTELLÓN
En cuanto a la capacidad de los distintos cuerpos policiales para actuar contra los botellones, Albert Palacios, portavoz del sindicato policial USPAC, que representa a Mossos d'Esquadra, alerta de la dificultad para hacer cumplir medidas como el toque de queda ante la «avalancha» de gente que prevén en las calles.
«No creo que estemos suficientemente preparados como cuerpo de Mossos d'Esquadra, ni las policías locales, ante la avalancha de gente que puede haber en la calle», señala Palacios, quien afirma que antes la ciudadanía estaba «más concienciada», pero ahora hay quienes «quieren salir» tras casi un año y medio de restricciones.
A su juicio, se puede llegar a situaciones de riesgo para los agentes cuando «ante un grupo de 20 o 30 personas se presenten cuatro policías», y se pregunta: «¿Les van a hacer caso? ¿Tendrán suficiente autoridad».
LAS SANCIONES
En el ámbito normativo, el botellón se regula principalmente mediante ordenanzas municipales amparadas por legislación autonómica, aunque la mayoría de Gobierno autonómicos han endurecido las medidas para intentar aumentar su control, como Aragón, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla y León, Canarias, País Vasco, Asturias o Extremadura, o han optado por toques de queda nocturnos.
Hay comunidades como Galicia que han reforzado la prevención (cada noche precinta plazas, playas y parques) y otras que han prohibido la venta de alcohol desde las 22 horas, como Baleares, Murcia o Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía o Madrid mantienen la normativa anterior a la pandemia y hay autonomías como La Rioja en la que solo un ayuntamiento, Logroño, tiene tipificado el botellón. Baleares para atajar el problema también prohíbe desde este sábado las reuniones sociales entre la 01:00 y las 06:00 de la madrugada.
El alcance de las sanciones es variado, pues abarca desde la prestación de servicios comunitarios en Madrid a multas de 30 euros en Valladolid, de 500 a 3.000 euros en Cataluña y cuantías que pueden llegar a los 600.000 euros para los casos muy graves de organización de botellones o reincidencias en Extremadura, Castilla y León, Navarra, Canarias o Comunitat Valenciana.