El 22 de junio de 1981 se aprobó en España la ley del divorcio, un hito histórico en una sociedad conservadora que salía de una larga dictadura y que supuso «el primer paso para caminar hacia la igualdad», recuerda cuarenta años después una de sus principales impulsoras.
A sus 86 años, Ana María Pérez del Campo sigue presidiendo la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas y, en una entrevista con Efe, rememora por qué en pleno franquismo comenzó una lucha para conseguir una ley del divorcio y avanzar en la igualdad.
«Éramos menores para todo. Se necesitaba la autorización marital para abrir una cuenta de banco, para trabajar, viajar e incluso contratar un colegio», explica.
LAS ASOCIACIONES EN LA DICTADURA
A pesar de que la ley llegó en los primeros años de la democracia española, su lucha comenzó mucho antes, bajo una dictadura que obligó a muchas mujeres a actuar con discreción y secretismo para no ser perseguidas por sus ideales.
Pérez del Campo y su compañera Mabel Pérez Serrano consiguieron que su organización fuera autorizada en el año 1974 manteniendo oculto el verdadero fin que perseguían ante la Dirección General de Seguridad.
«En ningún momento les dijimos el objetivo de nuestra organización -que era conseguir la aprobación de la ley del divorcio-; les explicamos que iba a ser una asociación para que las mujeres abandonadas por sus maridos tuvieran alguien con quien estar y donde ir. Si no, no nos habrían hecho caso», detalla.
Al no poder trabajar fuera de casa sin la previa autorización del marido, eran muchas las que no se atrevían a dar el paso de acudir a los tribunales para pedir la separación, porque no tenían recursos económicos, ni una pensión que les garantizara que iban a poder hacerse cargo de sus hijos, recuerda.
«Las mujeres eran un cero a la izquierda, y ante eso puedes conformarte o dar la batalla para cambiarlo; y eso último fue lo que hicimos Mabel y yo, aunque con muchos miramientos porque todavía vivía Franco», relata.
LO QUE DIOS HA UNIDO
Pérez del Campo cuenta su propia experiencia, cómo tuvo que esperar nueve años desde que presentó la demanda de separación ante los tribunales eclesiásticos hasta que se la concedieron.
«Pensaban que en ese periodo la pareja volvería a unirse (...) Fue entonces cuando decidimos que teníamos que pelear por devolver al fuero civil la competencia que tenía la Iglesia… ahí empezó la lucha por la ley del divorcio», manifiesta.
Recuerda también una de las protestas que encabezaron en los primeros años de la democracia, cuando una docena de mujeres se encadenó a los barrotes de los tribunales eclesiásticos de Madrid. Al no darles las llaves a los policía, los agentes cortaron las cadenas, las llevaron al calabozo y les pusieron una multa de 25.000 pesetas a cada una.
«No la pagamos porque llevamos la causa a los tribunales y nos dijeron que teníamos todo el derecho del mundo a manifestarnos. Hay que tener el valor y la certeza de que lo que tú estás haciendo no es ningún delito, sino una lucha por tus derechos”, remarca.
El objetivo era no solo legalizar la ruptura del matrimonio, sino poder formar una nueva familia y poder reconocer a los nuevos hijos.
«Antes había diferentes tipos de hijos: los naturales, aquellos de madres solteras; los legítimos, los que se contraían en el matrimonio; los adulterinos, los que se tenían cuando una de las partes estaba casada; y los sacrílegos, cuando era hijo de un cura”, detalla la presidenta de la Federación.
La ley del divorcio llegó de la mano del entonces ministro de justicia de la Unión de Centro Democrático (UCD), Francisco Fernández Ordóñez, con quien Pérez del Campo y sus compañeras negociaron un borrador.
Uno de los hitos, destaca Pérez del Campo, que la ley recogiera una pensión compensatoria que permitiera a las mujeres dejar de sentirse dependientes de su marido.
«La ley del divorcio fue el primer paso para caminar hacia la igualdad. Nuestros siguientes objetivos eran la aprobación del aborto y el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo», destaca.
1981: PRIMER DIVORCIO EN ESPAÑA
Antonio Sarabia fue el abogado del primer divorcio que se formalizó en España, el 7 de septiembre de 1981, encabezado por Julia Ibars y Vidal Gutiérrez.
Como ha contado a Efe, esta pareja acudió a él por la relación de amistad que compartieron durante el bachillerato y al ser un divorcio de mutuo acuerdo y no tener hijos, los trámites fueron sencillos y la decisión del tribunal rápida.
«Aún así lo tuve que estudiar. Era algo novedoso que hasta entonces nunca habíamos hecho», recuerda.
Para Sarabia, «el divorcio supuso abrir una etapa histórica en lo social y en lo jurídico y permitió la extinción del vínculo entre dos personas y no únicamente la separación conyugal. La sociedad estaba demandando una ley así».
El miedo de muchas personas, remarca, era que el divorcio podría facilitar la ruptura de muchos matrimonios y familias, pero no era otra cosa que «la legalización de una ruptura ya realizada. Quienes se oponían eran los que vivían de espaldas a la realidad social».
Para el abogado, conseguir la aprobación de la ley del divorcio ha aportado normalidad, sensatez y libertad, además de favorecer la liberación de las mujeres en gran medida, al dejar de estar sometidas a la autoridad del marido.
Aún así, lamenta la lentitud con la que se aplica la ley a día de hoy, porque «no hay justicia más injusta que la lenta», ha declarado.