La Comisión de Salud Pública recomienda que se posponga la vacunación del personal sanitario y de colectivos con función esencial en la sociedad, como policías, bomberos y docentes, de hasta 55 años que han pasado el coronavirus, hasta que se cumplan los seis meses desde que fueron diagnosticados.
Así lo establece en la Actualización 3 Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España que ha publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad en la que también recomienda que las personas de estos colectivos de hasta 55 años que se hayan infectado después de recibir la primera dosis se posponga seis meses la segunda.
El documento, además, aconseja que las personas con inmunodepresión grave -incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico-, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves no reciban la vacuna de AstraZeneca.
En esta misma línea se han manifestado las sociedades españolas de Medicina de Emergencias (SEMES), Medicina Intensiva, Critica y Unidades Coronarias (SEMICUC), Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) e Inmunología (SEI).
En un comunicado hecho público este miércoles, instan a «priorizar la vacunación y avanzar a la mayor velocidad posible, optimizando cada dosis recibida para asegurar que llegue a los ciudadanos que más la necesitan». «No podemos utilizar en este primer momento las escasas dosis de vacuna disponibles en población que ya tiene inmunidad al haber pasado la enfermedad», señalan.
En este sentido, indican que «la inmunidad persiste más allá de los 8 meses tras la infección y posiblemente la inmunidad celular persiste más allá de ese tiempo». «Esta evidencia concuerda con las mayores reacciones postvacunales que se han visto en individuos que ya habían pasado la enfermedad. Por este motivo, coincidimos en que es imperioso modificar la estrategia vacunal de forma urgente para retrasar la vacunación de este grupo de personas que ya han pasado la enfermedad», reivindican.
Las cuatro sociedades científicas apuntan que esta inmunidad podría ser demostrada mediante prueba PCR positiva en algún momento previo a la vacunación; pruebas de antígeno positiva en algún momento previo a la vacunación; y personas que refieran haber tenido clínica compatible con COVID-19 tras realizárseles una prueba de serológica de anticuerpos que resultase positiva para IgG.
«En este grupo de población, que según los estudios de seroprevalencia nacional, podría representar entre un 10-15 por ciento, aconsejamos que la vacunación sea diferida, incluso si ya se les ha puesto la primera dosis de la vacuna, ya que entendemos que la inmunidad celular y/o humoral persiste en estos individuos y debe priorizarse la vacunación de individuos que no hayan tenido contacto con el SARS-CoV-2», argumentan.
De la misma forma, también aconsejan la realización de pruebas serológicas de la mayor especificidad posible antes de la vacunación, retrasando la vacunación de todos aquellos en los que aparecen títulos de inmunoglobulinas IgG positivas.