El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenado estudiar la presentación de una denuncia contra Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstein por presunta corrupción.
En un comunicado, el Govern añade que la denuncia puede extenderse a todos aquellos que de una forma u otra hayan «participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas en las cuales presuntamente habría sido involucrado el anterior jefe del estado español y su entorno por un espacio de tiempo que todavía está para determinar».
El Govern pretende determinar, según las informaciones publicadas, «la integridad de los hechos, quién habría participado, quién tiene que responder penalmente, y quiénes tienen que asumir la responsabilidad civil ex delicto».
La responsabilidad civil ex delicto correspondería primero a los autores de los presuntos hechos y, después y subsidiariamente, a la Casa Real: el Govern alega que la Casa Real «es una entidad con personalidad jurídica propia, con capacidad para obligarse y sin inviolabilidad que, llegado el caso, permita exigirle responsabilidades ex delicto».
Torra considera que la corrupción se tiene que perseguir con independencia de quien participe, y ha destacado que todas las personas son iguales ante la ley.
Ha añadido que, «a pesar de las dificultades de una denuncia de estas características», son hechos graves y cuya presunta responsabilidad es del rey emérito, pero también de otras personas que no cuentan con la inviolabilidad con que sí cuenta Juan Carlos I, según Torra.
«Por las informaciones que van apareciendo, se está hablando de un largo periodo de tiempo en que se habrían cometido estos presuntos hechos e ingentes cantidades de dinero», afirma.